Tres dominicanos son acusados en la Corte Federal de Boston, Massachusetts, de fraude al Gobierno de Estados Unidos a través de identidades robadas que usaban para recibir beneficios sociales.
De los tres, los fiscales solo identificaron a Ángel Bautista Rossi de 43 años de edad, que reside ilegalmente en la ciudad de Lawrence, y los otros dos, un hombre y una mujer son mencionados como “John Doe” y “Jane Doe”, debido a que sus identidades reales no han podido ser verificadas, aunque los investigadores no dijeron el porqué.
“Jane” y “John”, son motes usados por la justicia de Estados Unidos cuando los implicados en investigaciones o víctimas de crímenes, no son identificados en el momento de los procesos, y también cuando son protegidos como testigos en las cortes.
Rossi, enfrenta cargos de robo de identidad agravado y representación falsa de un número de seguro social, de acuerdo a un comunicado enviado por el Departamento de Justicia.
El dominicano y la dominicana no identificados, que también residen en Lawrence, son acusados respectivamente por robo de identidad agravado y representación falsa de un número de Seguro Social.
Según los documentos de cobro, los imputados utilizaron números de Seguro Social y otras identidades para obtener licencias de conducir o tarjetas estatales de identificación de Massachusetts además de beneficios del seguro de salud MassHealth. Usaron también las falsas identidades robadas para obtener pagos por desempleo pandémico bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (PUA) aplicada por el Departamento de Trabajo con fondos federales y estatales.
“El fraude de identidad tiene un costo tremendo para sus víctimas”, dijo el fiscal federal de Massachusetts, Andrew E. Lelling.
“Las personas cuyas identidades han sido mal utilizadas pueden enfrentar dificultades para obtener beneficios de atención médica, del Seguro Social o por desempleo, y a menudo se les deja lidiando con consecuencias colaterales como obligaciones tributarias, mal crédito y órdenes de arrestos pendientes con sus nombres. Continuaremos responsabilizando a los involucrados en el fraude de identidad”, agregó el fiscal en el comunicado.
“Estos arrestos marcan un hito importante en la lucha para garantizar que los beneficios adeudados a los ciudadanos estadounidenses vayan a quienes pertenecen y no a quienes se encuentran ilegalmente en nuestro país”, dijo Michael Shea, agente especial interino a cargo de las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Boston.
“Esta es una métrica de cumplimiento importante alcanzada en la lucha contra los delitos de robo de beneficios, que son especialmente atroces durante estos tiempos de graves preocupaciones económicas y de salud pública. El logro de hoy sirve como testimonio del incansable y dedicado trabajo en equipo de los socios que integran el Grupo de Trabajo de Fraude de Documentos y Beneficios. Aplaudimos a todos nuestros grandes socios, incluido el Fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts, cuyo compromiso sin precedentes con el procesamiento de estos delitos nunca ha flaqueado “, dijo Shea.
El grupo de trabajo investiga a personas que se cree que obtuvieron identidades robadas de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico y que las han utilizado para obtener documentos y beneficios públicos que de otra manera no serían elegibles para recibir.
Las autoridades recordaron que desde julio de 2018, 50 acusados han sido procesados en relación con el fraude de documentos, identidad y beneficios como resultado de las investigaciones del grupo de trabajo, un grupo de investigación especializado que comprende personal de varias agencias estatales, locales y federales con experiencia en la detección, disuasión e interrupción organizaciones e individuos involucrados en varios tipos de esquemas de fraude de documentos, identidad y beneficios.
Por Miguel Cruz Tejada
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