Santo Domingo, 22 de diciembre de 2024 – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, propuso este domingo la necesidad de establecer un diálogo amplio entre diversas entidades del Estado para abordar el congestionamiento de las cárceles del país, donde más de 16,000 reclusos preventivos siguen en espera de un juicio.
Ulloa sugirió que este diálogo, que podría comenzar en el año 2025, involucre a los actores clave en el sistema judicial, entre ellos el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la institución que él dirige, la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de buscar soluciones a la grave situación del sistema penitenciario.
Uno de los puntos clave que destacó el Defensor del Pueblo es el papel del Ministerio Público, que, según Ulloa, debería trabajar para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida de coerción. “Este es uno de los orígenes del problema”, afirmó Ulloa, explicando que muchos fiscales prefieren solicitar la prisión preventiva debido a la falta de garantías de que los imputados se presentarán a las audiencias. A su juicio, esto se podría corregir utilizando tecnologías como los grilletes electrónicos, que podrían ser producidos por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a un costo mucho menor que los comprados en el mercado, lo que eliminaría las excusas económicas.
Ulloa también resaltó la importancia de la participación de los jueces de Ejecución de la Pena, quienes, según él, deberían revisar los casos de los reclusos preventivos, especialmente aquellos que padecen de enfermedades graves o que ya han cumplido el tiempo de detención correspondiente a una posible condena.
El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que ha observado en sus visitas a los centros de reclusión del país. Resaltó que, en muchos casos, las cárceles se han convertido en centros operativos de delincuentes, quienes no solo controlan los recintos penitenciarios, sino que también ejercen influencia sobre la sociedad exterior, organizando acciones criminales desde dentro de las prisiones.
“Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de control de estructuras delictivas que afectan tanto a los internos como a la sociedad en general”, subrayó Ulloa, quien advirtió que, si no se toman medidas urgentes, las cárceles podrían convertirse en escenarios similares a los de países como Ecuador, Perú y Guatemala, donde los delincuentes tienen el control total de los recintos penitenciarios.
En otro momento de la entrevista, Ulloa destacó el crecimiento del reconocimiento de la Defensoría del Pueblo por parte de la ciudadanía. Según el funcionario, en menos de un año, el porcentaje de personas que conocen al menos un derecho ha aumentado del 40% al 70%, gracias a la implementación de la iniciativa “La ruta del Defensor”, que ha recorrido las 31 provincias y el Distrito Nacional. Ulloa anunció que el próximo año se continuará con este programa, ampliando su cobertura a todos los municipios del país.
En cuanto al tema de las embarazadas haitianas que han desbordado los hospitales públicos dominicanos, Ulloa reconoció que estas mujeres deben ser atendidas en los centros de salud, pero enfatizó que las autoridades dominicanas deben enfrentar el problema desde su raíz. Aseguró que muchas de estas mujeres llegan a los hospitales del país gracias a un sistema de corrupción que comienza en la frontera, donde deben atravesar al menos 18 puntos de chequeo antes de llegar a territorio dominicano. Esto, según Ulloa, implica que el tráfico de personas y la migración irregular hacia la República Dominicana se producen gracias a pagos de sobornos.
Con estas declaraciones, Ulloa reafirmó la necesidad de un enfoque integral y coordinado para abordar tanto el problema de las cárceles como el de la migración irregular, haciendo un llamado a las autoridades y la sociedad para encontrar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
