Por JUAN T H
El pueblo dominicano debe estar decepcionado por las decisiones tomadas por los tribunales declarando “no culpables” a los imputados acusados de haber adquirido los terrenos de un barrio habitado por miles de ciudadanos, incluyéndolos, como si fueran ganado. De igual manera los jueces enviaron para sus casas a los implicados en los sobornos millonarios otorgados por la empresa que construyó los aviones Super Tucano. El expediente de Odebrecht, al igual que los demás, constituye una vergüenza. Ángel Rondón es condenado por soborno, pero no hay sobornados, Víctor Díaz Rúa es condenado, no por soborno, que es la acusación primaria, sino por enriquecimiento ilícito.
Una magistrada dijo que los tribunales no están para emitir sentencias complacientes ni calmar la furia de la opinión pública, ni de sectores políticos. Supongo se refería a una parte de la opinión pública, porque la otra está muy feliz con el descargo, y, el otro sector supongo es el que encabeza el presidente Luís Abinader, empeñado en que los corruptos sean condenados y sus bienes decomisados.
Más adelante mi querida amiga, la Procuradora General de la República, Mirian Germán se destapa con otra declaración en la misma onda: “No se puede administrar justicia para las gradas”, que es donde me encuentro junto con el pueblo. Todos estamos en las gradas viendo como pasa el tiempo y los políticos corruptos terminan en sus casas con un archivo de sus expedientes, un “no ha lugar” o un “no culpable”.
Doña Mirian tiene razón. Y los jueces que evacuan las sentencias, como dicen en mi barrio: “pero poca”. No hay dudas que el sistema de justicia dominicano no funciona más que para los pobres cuyos expedientes rápidamente adquieren el “carácter de la cosa irrevocablemente juzgada”, pero el de los políticos ladrones tardan años y al final son absueltos por una razón u otra. (Hay miles de infelices presos preventivos pudriéndose en una pocilga porque no pueden pagar una fianza miserable de dos y tres mil pesos. A esos que no pueden pagar abogados costosos, nadie los defiende ni clama por sus derechos. Son “los nadies, que valen menos que la bala que los mata”, como dijera Galeano)
Es verdad, la justicia no está para sentencias complacientes, ni para evitar la furia del pueblo, ni para escuchar los gritos de las gradas donde me encuentro, pero si está, jueces y fiscales, para hacer justicia, para condenar a los delincuentes de la política que les han robado a los pobres de este país el presente y el futuro de sus hijos y nietos.
Considero es hora de revisar de arriba a bajo todo el ordenamiento jurídico del país, modificar las leyes, la Constitución, inclusive, para que en algún momento podamos tener un sistema donde no haya injusticia ni privilegio, donde todos los ciudadanos, ricos y pobres, sean medidos de igual forma.
El Partido de la Liberación Dominicana se tomó su tiempo para elaborar un proyecto económico que los enriqueciera a todos, como en efecto: 16 años, para crear un sistema judicial que garantizara impunidad a personas que en su mayoría no resiste una “auditoria visual” del antes y el después, de dónde vivían y donde viven, de cuánto tenían y cuanto tienen. (Simple aritmética)
La Constitución vigente es del PLD, la ley de Ministerio Público es del PLD, etc. Recordemos que Leonel Fernández dijo que su partido gobernaría hasta el 2044 y que estaba formando una fábrica de presidentes. El propósito era imitar al Partido Revolucionario Independiente (PRI) de México que gobernó desde 1929 hasta el 2000. Poco más de 70 años. Se convirtió en un partido único, hegemónico que controlaba todos los poderes del Estado, incluyendo los fácticos, aliado del narcotráfico y del crimen organizado. Ese era el plan de Leonel, Danilo y los demás dirigentes importantes, hasta que la ambición rompió el saco, se dividieron y el plan fracasó.
El PLD creó un sistema de justicia para desfalcar el país sin pagar ninguna consecuencia. Todo el ordenamiento jurídico se hizo con ese propósito. Los hechos me dan la razón. Solo hay que leer la ley orgánica que crea el Ministerio Público, analizar los principios de objetividad, de independencia, etc., que le dan legitimidad a sus actuaciones. El Ministerio Público es uno e indivisible. Los fiscales están protegidos por ley, son inamovibles. Pero todos fueron educados, formados y colocados en sus puestos por el PLD al que la mayoría le hizo campaña electoral. No se pueden cancelar, ni siquiera trasladar a la frontera porque están blindados por una ley morada.
Si queremos un sistema de justicia verdadero que investigue de verdad, que elabore expedientes que los jueces, aunque quieran, no puedan evacuar sentencias complacientes con los imputados del PLD o del partido que sea, hay que cambiar radicalmente el sistema. Desbaratarlo, destruirlo y comenzar de cero. Con esos fiscales y esos jueces no habrá condenas para los ladrones morados. Han casi pasado dos años y no hay condenas. Pasaran cuatro, cinco, diez y hasta 20 sin que ningún caso adquiera el carácter de la cosa juzgada. Terminará este cuatrienio de Luís Abinader y el PRM sin que se produzca ninguna condena, terminará el otro y tampoco, a menos, claro está, que este pueblo se empodere y reclame en las calles otro sistema de justicia, independiente de verdad, no como el que tenemos ahora que depende del PLD a la hora de dictar sentencia.
