JUAN T H
Se supone que en un proceso electoral debe haber equidad en el uso de los recursos, que nadie, desde el gobierno o desde la oposición, puede disponer del dinero que se le antoje, que debe haber, sino igualdad, por lo menos un equilibrio, una balanza que no se incline de un solo lado, porque de lo contrario, la selección de los ganadores del certamen no serán legítimos, no serán el fruto de la transparencia y del sufragio libre, universal y democrático.
Tanto la ley del régimen electoral como la de partidos y movimientos políticos establecen topes en el gasto; tanto una como otra ley, hablan de proporcionalidad y participación equitativa en los medios de comunicación, pero para el Partido de la Liberación Dominicana y para el gobierno las leyes solo existen en el papel, pero no en la práctica. En los hechos es letra muerta.
Para el PLD y para el gobierno no hay leyes; las leyes son para los demás. Están convencidos de que pueden hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, pues nadie tiene el valor ni la fuerza para impedírselo.
Todo lo que prohíben la Constitución y las leyes, Danilo y el PLD lo hacen.
La ley dice que Danilo no puede hacer campaña electoral, pero la hace.
La ley dice que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña, pero, ordenados por Danilo, lo hacen.
La ley dice que el presidente, ni los funcionarios pueden utilizar los recursos del Estado en campaña, ni favorecer a ningún candidato, pero eso no les importa, salen con sus alforjas llenas a comprar voluntades con el dinero del presupuesto nacional.
Lo que sucedió el pasado fin de semana durante las manifestaciones electorales del PLD y Danilo, desbordó los límites de la prudencia y la decencia. Los videos hablan por sí mismos. En Azua un grupo de personas paralizaron el tránsito creando un en taponamiento en la carretera en protesta porque no le entregaron el dinero prometido para acudir a la marcha caravana de la capital. ¡Vergonzoso! El PLD convertido en un estercolero. ¡Waooo! ¡Si lo hubiéramos sabido!
Y como si fuera poco, el gobierno compró las principales páginas de casi todos los diarios del país incluyendo medios digitales, redes sociales, etc., gastando entre cinco y seis millones de pesos para opacar la gigantesca manifestación del Partido Revolucionario Moderno con sus líderes y sus candidatos. ¡La inequidad fue brutal! ¡Apabullante!
No es posible que el gobierno compre todos los medios de comunicación para que la oposición aparezca más que en páginas lejanas y en notas muy breves y con fotos pequeñas y malas. La desproporción es del cielo a la tierra. Y nadie dice, ni hace nada. ¿Y la JCE? ¡Bien, gracias! El gobierno lo puede todo, poniendo en peligro la precaria democracia en la que vivimos.
Nadie controla o le pone freno al gobierno; nadie tiene el coraje. Los órganos electorales están atrapados, sin poner hacer nada ante tanto poder, ante tanta ignominia y desconsideración.
Es duro decirlo, pero las elecciones tendrán que ser supervisadas, intervenidas, si es necesario, por todos los organismos internacionales para evitar que el PLD y el presidente Danilo Medina vuelvan a burlar la voluntad popular utilizando los recursos del Estado, la fuerza policial y militar, lo que provocará una situación de ingobernabilidad que terminará en tragedia. Juan Bosch pidió llevar al gobierno del doctor Balaguer a “su propia legalidad”. Lo mismo hay que hacer ahora con el partido que fundó en 1973.
