Por Keyla Hernández
Abogada | Magíster en Gestión Pública y Buena Gobernanza | Magíster en Ciencias Políticas y Administración Electoral | Encargada de Libre Acceso a la Información Pública y Responsable de Acceso a la Información (RAI) del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) | Investigadora
¿De qué sirve que un ciudadano tenga derecho a solicitar información pública si no sabe dónde solicitarla, cómo hacerlo o cuánto tiempo debe esperar para recibir una respuesta?
Esta pregunta constituye uno de los puntos de partida de una investigación que desarrollé como parte de mi tesis de maestría en Gestión Pública y Buena Gobernanza, en la cual analicé la relación entre la capacidad institucional y el acceso equitativo y oportuno a la información pública, tomando como caso de estudio el municipio de Bisonó (Navarrete) durante el período 2020-2024.
Mi experiencia profesional como Encargada de Libre Acceso a la Información Pública y Responsable de Acceso a la Información (RAI) me ha permitido conocer de manera directa la importancia que tienen la gestión institucional, la orientación ciudadana, la transparencia y la capacidad de respuesta de las administraciones públicas.
Sin embargo, precisamente por esa experiencia, consideré necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva académica y metodológica, procurando que la investigación no se limitara a la observación profesional, sino que incorporara evidencia y, especialmente, la percepción de los ciudadanos.
Como profesional del derecho, Magíster en Gestión Pública y Buena Gobernanza y Magíster en Ciencias Políticas y Administración Electoral, mi interés fue analizar la transparencia más allá del cumplimiento formal de las normas y preguntarme cómo podemos lograr que el derecho de acceso a la información se convierta en una herramienta verdaderamente útil para la ciudadanía.
La investigación: escuchar para comprender
Para desarrollar el estudio realicé una revisión documental de normas, instrumentos y fuentes institucionales relacionadas con transparencia y acceso a la información pública.
A esto se sumó una encuesta aplicada mediante Google Forms a 56 participantes, utilizando un instrumento compuesto por 20 preguntas estructuradas en escala de Likert y una pregunta abierta.
El propósito no era solamente conocer si las personas reconocían la existencia del derecho de acceso a la información, sino identificar qué tan preparadas se encontraban para ejercerlo y cómo valoraban aspectos relacionados con la capacidad institucional, la rapidez de las respuestas, la equidad en el acceso y el uso de herramientas digitales.
Los resultados permitieron identificar hallazgos que, aunque parten de un caso municipal específico, pueden contribuir a una reflexión más amplia sobre los desafíos de la transparencia en los gobiernos locales.
El primer hallazgo: conocer el derecho no significa necesariamente saber ejercerlo
Uno de los hallazgos que considero más relevantes fue la diferencia entre conocer que existe un derecho y saber cómo ejercerlo.
Una proporción importante de los participantes manifestó conocer el derecho a solicitar información pública. Sin embargo, cuando la pregunta se trasladó al procedimiento concreto para realizar una solicitud ante el ayuntamiento, aparecieron mayores diferencias en las respuestas.
Este resultado me llevó a una conclusión que considero fundamental:
La formación ciudadana debe formar parte de las políticas de transparencia.
No basta con decirle al ciudadano que tiene derechos. Hay que explicarle cuáles son, cómo puede ejercerlos, dónde acudir, cuáles son los canales disponibles y qué mecanismos existen cuando una solicitud no recibe una respuesta oportuna.
La transparencia, por tanto, también requiere educación.
Capacidad institucional: la norma necesita capacidades para hacerse realidad
Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la percepción sobre la capacidad institucional.
El 48.2 % de los participantes valoró entre 4 y 5 la capacidad institucional para facilitar el acceso a la información.
En cuanto a la rapidez de las respuestas, el 46.4 % otorgó una valoración entre 4 y 5.
Estos resultados reflejan una percepción favorable entre una parte importante de los participantes, pero también evidencian espacios de mejora.
Desde mi perspectiva profesional, este hallazgo resulta especialmente significativo: la transparencia no depende únicamente de que exista una norma; depende de las capacidades de las personas y de las instituciones responsables de hacerla realidad.
Una institución necesita servidores públicos capacitados, procedimientos claros, gestión documental, recursos tecnológicos, mecanismos de seguimiento y canales adecuados de comunicación con la ciudadanía.
La tecnología es una oportunidad, pero también un desafío
La investigación también permitió observar el importante papel que desempeñan las herramientas digitales.
El 61.8 % de los participantes manifestó utilizar internet con alta frecuencia, lo que representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos digitales de transparencia y acercar la información pública a la ciudadanía.
Sin embargo, digitalizar no significa simplemente colocar documentos en una plataforma.
La información debe ser accesible, comprensible, actualizada y fácil de localizar.
Al mismo tiempo, debemos evitar que la transformación digital genere nuevas barreras para quienes tienen menor acceso a internet o menor dominio de las herramientas tecnológicas.
Por eso, una política de transparencia verdaderamente inclusiva debe combinar los mecanismos digitales con canales presenciales y medios tradicionales.
Escuchar al ciudadano también es investigar
Uno de los componentes que considero de mayor valor de mi investigación fue la pregunta abierta incluida en el instrumento.
De los 56 participantes, 17 decidieron expresar sus propuestas sobre cómo mejorar el acceso a la información pública.
Entre sus planteamientos aparecieron necesidades muy concretas: mejorar la infraestructura, fortalecer los equipos informáticos y la conectividad, agilizar las respuestas, promover más el derecho de acceso a la información, utilizar medios como la radio y la televisión y fortalecer la supervisión.
Es decir, los ciudadanos no solamente identificaron desafíos.
También propusieron soluciones.
Para mí, este constituye uno de los principales aportes de la investigación: demostrar que la percepción ciudadana puede convertirse en un insumo para diseñar acciones de fortalecimiento institucional.
Hacia un modelo de transparencia centrado en el ciudadano
A partir de los hallazgos obtenidos, considero que los gobiernos locales pueden avanzar hacia un modelo de transparencia centrado en el ciudadano, sustentado en cinco dimensiones:
1. Formación institucional.
Capacitación permanente de los servidores públicos responsables de gestionar información y atender a la ciudadanía.
2. Formación ciudadana.
Educación sobre el derecho de acceso a la información y los mecanismos concretos para ejercerlo.
3. Transformación tecnológica.
Fortalecimiento de equipos, conectividad y herramientas digitales que permitan gestionar y entregar información con mayor eficiencia.
4. Gestión y seguimiento.
Implementación de mecanismos que permitan monitorear solicitudes, identificar retrasos y medir los tiempos de respuesta.
5. Comunicación y participación.
Utilización de redes sociales, páginas institucionales, radio, televisión y espacios comunitarios para acercar la información pública a la población y conocer sus necesidades.
Esta propuesta no pretende ser una fórmula única para todos los gobiernos locales. Su finalidad es ofrecer una ruta de fortalecimiento construida a partir de evidencia y de la percepción de los propios ciudadanos.
Del cumplimiento formal a la transparencia efectiva
Uno de los aprendizajes más importantes que me deja esta investigación es que la transparencia debe ir más allá del cumplimiento formal de las normas.
Una institución puede publicar información y, aun así, existir un ciudadano que no sepa dónde encontrarla.
Puede existir un procedimiento de solicitud y, aun así, haber personas que desconozcan cómo utilizarlo.
Puede existir una plataforma digital y, aun así, haber ciudadanos que necesiten otros canales para acceder a la información.
Por eso considero que el verdadero desafío consiste en avanzar hacia una transparencia efectiva, cercana y centrada en las personas.
Los hallazgos obtenidos en Bisonó constituyen un caso de estudio, pero las preguntas que plantea la investigación trascienden sus límites territoriales.
¿Estamos creando instituciones que simplemente ponen información a disposición o instituciones que realmente facilitan que la ciudadanía pueda encontrarla, comprenderla y utilizarla?
Esta diferencia representa uno de los grandes retos de la gestión pública contemporánea.
Una investigación que busca aportar
Como profesional del derecho, Magíster en Gestión Pública y Buena Gobernanza y Magíster en Ciencias Políticas y Administración Electoral, y desde mi experiencia como Encargada de Libre Acceso a la Información Pública y RAI, considero que la academia y la experiencia profesional deben complementarse.
La investigación pública no debe limitarse a identificar problemas. También debe contribuir a construir soluciones.
Por eso, el propósito de este trabajo no es señalar responsables, sino aportar evidencia, generar reflexión y proponer herramientas que puedan contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas y a una ciudadanía mejor informada.
La investigación nació de una realidad local, pero su propósito es aportar a una conversación mucho más amplia sobre transparencia, fortalecimiento institucional y buena gobernanza.
Porque cuando un ciudadano pregunta por una obra, un presupuesto, un servicio o una decisión pública, no está molestando a la administración.
Está ejerciendo ciudadanía.
Y cuando una institución tiene la capacidad de responderle con claridad, oportunidad y transparencia, no solamente está cumpliendo una obligación.
Está fortaleciendo la democracia desde lo local.
