El Ministerio Público (MP) ha dado un paso significativo en el caso conocido como Operación Calamar, al presentar un expediente que incluye la acusación formal contra los implicados, agregando a 26 nuevos acusados. El procurador Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), anunció esta acción el pasado jueves a las 4:30 de la tarde. En su declaración, Camacho detalló que el expediente consta de un extenso documento de 3,662 páginas y más de 2,000 pruebas, señalando a un total de 34 personas físicas y 12 empresas como presuntos partícipes en actividades ilícitas.
Aunque el procurador Camacho no proporcionó los nombres de los nuevos implicados, subrayó que estos se sumarían a figuras destacadas como los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, quienes formaron parte del gobierno anterior encabezado por Danilo Medina Sánchez (2016-2020). Esta ampliación del número de acusados indica la profundidad y alcance de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Calamar, una operación anticorrupción que ha acaparado la atención pública en la República Dominicana.
De acuerdo con la acusación preliminar presentada por el MP, se sostiene que el presunto entramado de corrupción desvió más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, afectando gravemente a diversas instituciones estatales. Entre las entidades perjudicadas se encuentran el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe). Este daño financiero y administrativo ha generado preocupación en la sociedad y ha avivado el llamado a una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Es importante destacar que este caso ha pasado por varias etapas judiciales, incluyendo la intervención de la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini. Potentini intimó al MP el pasado 9 de abril para que, en un plazo de 15 días hábiles, presentara la acusación formal. Esta medida se tomó después de que la jueza declarara inadmisible la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público, argumentando que había transcurrido el tiempo para presentar actos conclusivos en el caso.
En la fase actual del proceso, le corresponde a la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito, elegir mediante un sorteo aleatorio computarizado a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar. Este paso marca un hito en el avance de la Operación Calamar y sus implicaciones para la lucha contra la corrupción y la defensa del estado de derecho en la República Dominicana.
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