SANTO DOMINGO.- El inminente cierre de 30 vertederos en el país plantea un desafío significativo para miles de familias que dependen del reciclaje para su sustento, según un reciente informe que analiza la situación de los recicladores realizado por el Movimiento Nacional de Recicladores, que preside Robinson García.
La medida, promovida como parte de un esfuerzo por mejorar la gestión de residuos, amenaza con dejar a cientos de mujeres y recicladores extranjeros en una situación de extrema precariedad económica y social.
El informe, basado en encuestas realizadas en vertederos clave a nivel nacional, revela que un 63% de los recicladores son analfabetos y un 30% no ha completado la educación primaria, lo que limita gravemente sus oportunidades laborales. Además, el cierre de los vertederos privará a estas personas de su principal fuente de ingresos, exponiéndolas a trabajos igualmente precarios y a condiciones de vida aún más difíciles. Particularmente preocupante es la situación de las mujeres recicladoras, quienes no solo enfrentan una alta tasa de analfabetismo del 65%, sino que también carecen, en su mayoría, de documentos legales que les permitirían acceder a la seguridad social.
Estas mujeres, muchas de las cuales son el único sustento de sus familias, se verán obligadas a buscar alternativas laborales en un mercado ya de por sí desfavorable, agravando su vulnerabilidad. Los recicladores extranjeros enfrentan desafíos adicionales debido a su situación legal precaria. La falta de documentos no solo limita su acceso a servicios básicos, sino que también los expone a abusos laborales y discriminación.
El cierre de los vertederos, sin medidas para regularizar su estatus, podría perpetuar el ciclo de pobreza y exclusión que ya afecta a esta población, advierte el informe. El informe también destaca la alarmante presencia de niños en los vertederos, lo que plantea un grave problema de trabajo infantil en condiciones insalubres y peligrosas.
Los expertos en derechos humanos urgen a las autoridades a tomar medidas inmediatas para erradicar esta práctica y garantizar que los niños tengan acceso a la educación y vivan en un entorno seguro. Ante este panorama, el informe recomienda una serie de medidas urgentes, incluyendo programas de alfabetización y capacitación para los recicladores, y la creación de espacios de trabajo seguros.
También se hace un llamado a ampliar los beneficios sociales, como el seguro médico y las ayudas económicas, para proteger a las familias más vulnerables. El cierre de los vertederos en la República Dominicana podría tener un impacto devastador si no se acompaña de políticas inclusivas y de apoyo a las comunidades afectadas. El gobierno y las organizaciones sociales deben actuar de manera coordinada para evitar que esta medida agrave las condiciones de pobreza y exclusión social de miles de personas que dependen del reciclaje para sobrevivir, resaltó García.
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