Por Pavel De Camps Vargas
Un inicio que cambiará las reglas del juego en América. Nadie pensó que América Latina pudiera despertar el 20 de febrero de 2025 con una noticia que marca un antes y un después en la historia de la región. Ya no se trata de simples narcos escondidos tras fusiles y rutas clandestinas: Estados Unidos ha declarado a los cárteles como terroristas internacionales. Con un solo comunicado, el Departamento de Estado borró la delgada línea entre crimen organizado y guerra, abriendo la posibilidad real de intervenciones militares extranjeras en territorio latinoamericano.
Lo que durante décadas fue narrado como una “guerra contra las drogas” ahora adquiere un nuevo nombre y una nueva legitimidad: la guerra contra el narcoterrorismo. Y bajo esta nueva doctrina, cualquier país que permita, tolere, proteja o sea infiltrado por los cárteles podrá ser considerado un objetivo estratégico. Es decir, políticos y/o militares que permitan en su territorio ser usado para el tráfico de droga, automáticamente puede convertirse en un objetivo y sus recursos que posea el país será un medio de pago por el daño causado y además debe cubrir los gastos de dicha intervención.
El comunicado que sacude el continente
El secretario de Estado Marco Rubio, en nombre de la administración de Donald Trump, anunció la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) a ocho de las estructuras criminales más violentas del continente:
- Tren de Aragua (Venezuela)
- Mara Salvatrucha – MS-13 (El Salvador y Centroamérica)
- Cártel de Sinaloa (México)
- Cártel de Jalisco Nueva Generación – CJNG (México)
- Cártel del Noreste (México, ex Zetas)
- Nueva Familia Michoacana (México)
- Cártel del Golfo (México)
- Cárteles Unidos (México)
“Estos grupos no son simples organizaciones criminales, son terroristas que amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la estabilidad del hemisferio occidental y la paz internacional”, señaló el comunicado oficial, citando la Orden Ejecutiva 14157 firmada por Trump. Por lo tanto ya deja claro que Venezuela y México pueden ser intervenidos en cualquier momento que EE.UU. decida.
Más que narcotráfico: una guerra hemisférica
La decisión de Washington transformó por completo el tablero. Ya no se trata de decomisos o capturas aisladas, sino de un enfrentamiento hemisférico contra actores calificados oficialmente como terroristas internacionales. Al colocar a los cárteles en la misma categoría que Al Qaeda o ISIS, Estados Unidos obtiene facultades extraordinarias: intervención militar directa en países donde estos grupos operen, congelamiento inmediato de activos financieros, procesamiento de colaboradores en cortes federales y despliegue de operaciones conjuntas con aliados.
Pero el alcance no se limita al continente americano. La nueva clasificación habilita, en caso de ataques directos contra objetivos o ciudadanos estadounidenses, la aplicación del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque contra uno de sus miembros es considerado un ataque contra todos. En términos prácticos, esto significa que la OTAN podría ser convocada a respaldar acciones militares conjuntas contra países en América Latina, ampliando el conflicto más allá de la tradicional relación bilateral entre Washington y sus vecinos.
De este modo, la lucha contra los cárteles deja de ser un asunto regional para convertirse en una guerra de seguridad internacional, donde Europa y Norteamérica, bajo el paraguas atlántico, podrían intervenir con legitimidad jurídica. Para América Latina, la consecuencia es evidente: si no se logra controlar el narcoterrorismo desde adentro, la intervención externa no solo será estadounidense, sino potencialmente multinacional, con el peso de la OTAN detrás.
El fantasma de la intervención
El mensaje implícito es tan claro como perturbador: todo país donde los cárteles operen o donde funcionarios sean cómplices, podrá ser considerado un objetivo de intervención. México, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y otros países latinoamericanos aparecen en la lista de territorios bajo observación directa.
Cárteles y organizaciones criminales designadas por EE.UU.
| País | Principales organizaciones designadas | Estatus EE.UU. |
| México | CJNG, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, BLO, Cártel de Juárez/La Línea, Cártel de Tijuana (AFO), Guerreros Unidos/Los Rojos | FTO/SDGT (2025); Kingpin Act; E.O.14059 |
| Colombia | Clan del Golfo (AGC/Urabeños/Gaitanistas) | Kingpin Act (2013); E.O.14059 (2021) |
| Venezuela | Tren de Aragua, Cártel de los Soles (referencias) | FTO/SDGT (2025); sanciones OFAC |
| Brasil | Primeiro Comando da Capital (PCC) | E.O.14059 (2021) |
| Ecuador | Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones | E.O.14059 (2024) |
| El Salvador | Mara Salvatrucha (MS-13) | FTO/SDGT (2025); TCO (2012) |
| Honduras | Los Cachiros | Kingpin Act (2013) |
| Guatemala | Los Huistas, Familia Lorenzana | E.O.14059 (2022); Kingpin Act (2012) |
| Perú | Sendero Luminoso (remanentes), redes locales vinculadas al Callao | FTO (1997); Kingpin Act (2015) |
| Haití | Alianza Viv Ansanm, Gran Grif; Jimmy Chérizier (“Barbecue”) | Designaciones EE.UU. (2025) |
| Nicaragua | Redes aliadas a carteles mexicanos | Kingpin Act (casos puntuales) |
| Panamá | Grupos de transporte y lavado asociados | Kingpin Act (casos puntuales) |
| Bolivia | Redes cocaleras ligadas a exportación | Kingpin Act (casos puntuales) |
| Argentina | Bandas ligadas al PCC (Rosario) | Casos aislados OFAC |
| Chile | Presencia del Tren de Aragua, células PCC | En observación |
| Paraguay | Grupos fronterizos ligados al PCC | OFAC en operadores financieros |
| Uruguay | Uso logístico (puertos Montevideo) | OFAC en actores puntuales |
| Costa Rica | Redes de transporte marítimo | OFAC en operadores aislados |
Impacto político y militar
La tabla no es solo un inventario: es un mapa de vulnerabilidad hemisférica. Cada país listado aparece como un escenario potencial de presión internacional. La política interna queda atrapada entre dos fuegos: responder con contundencia o ser vistos como cómplices. Los ejércitos latinoamericanos, por su parte, podrían enfrentarse a la disyuntiva histórica de cooperar con fuerzas extranjeras o defender su soberanía nacional.
La República Dominicana en la mira
Aunque hasta ahora no figura de manera explícita en la lista de países señalados por Washington, la República Dominicana no está al margen de este tablero de riesgo. Varios casos han demostrado que los tentáculos de los cárteles mexicanos y sudamericanos han penetrado en el Caribe: narcotraficantes dominicanos extraditados a Estados Unidos han confesado vínculos con estas organizaciones, y es posible que en sus declaraciones pudieran señalar a políticos (diputados, regidores, funcionarios), militares activos y retirados, e incluso empresarios locales como colaboradores o beneficiarios de estas redes criminales.
El país se enfrenta a un dilema incómodo: si estas conexiones son probadas en tribunales internacionales y se comprueba complicidad institucional, la República Dominicana podría ser considerada por Estados Unidos como un escenario potencial de intervención. La amenaza ya no es solo el narcotráfico local, sino la sospecha de captura del Estado por estructuras criminales transnacionales.
¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de que figuras públicas dominicanas aparezcan en expedientes federales norteamericanos? ¿Podría una nación con fuertes lazos políticos, militares y económicos con Estados Unidos resistir el peso de una acusación de complicidad estatal con cárteles terroristas? Y lo más inquietante: ¿qué pasaría si la República Dominicana fuera añadida a la lista de países vulnerables a una intervención internacional bajo el argumento del narcoterrorismo?. El tiempo podría decir si esto escalaría.
¿Hacia una “Doctrina Trump-Rubio”?
Esta política recuerda las viejas doctrinas de seguridad hemisférica de la Guerra Fría: antes el comunismo, ahora el narcoterrorismo. El principio es el mismo: “si no actúan ustedes, lo haremos nosotros”.
Con esta nueva categorización, los cárteles ya no son solo actores criminales: se han convertido en enemigos geopolíticos del orden internacional. La designación como terroristas abre la puerta a intervenciones, sanciones y presiones diplomáticas que redibujarán la geopolítica latinoamericana.
La pregunta queda abierta y es brutalmente directa:
¿Podrán los Estados latinoamericanos recuperar el control de sus territorios antes de que la “guerra contra el narcoterrorismo”
Con esta nueva categorización, los cárteles dejan de ser simples organizaciones criminales para convertirse en enemigos estratégicos del orden internacional. Estados Unidos ha abierto la puerta a una era donde la “guerra contra el narcoterrorismo” puede justificar sanciones, intervenciones militares y, aún más inquietante, la apropiación de los recursos de los países intervenidos para pagar los costos de la operación y compensar los daños causados tanto en EE.UU. como en Europa. Bajo esta lógica, minerales, hidrocarburos, puertos y tierras fértiles podrían convertirse en la moneda de cambio para financiar la ofensiva internacional.
Pero surgen preguntas que ningún latinoamericano debería pasar por alto:
¿Qué pasará si el costo de la guerra lo pagan las naciones intervenidas con sus riquezas naturales? ¿Será este el pretexto para reconfigurar el mapa geopolítico del continente bajo un nuevo colonialismo encubierto?
¿Y los BRICS se atreverán?
Existe otro ángulo inquietante: varios de estos países señalados como epicentros del narcoterrorismo —como Venezuela— mantienen estrechos vínculos económicos con potencias del bloque BRICS, especialmente China y Rusia. Si Washington y la OTAN despliegan operaciones militares en el hemisferio, ¿se atreverían estos gigantes a responder militarmente en defensa de sus socios estratégicos? ¿Veremos un choque directo entre OTAN y BRICS en suelo latinoamericano? Y la pregunta más incómoda: ¿estamos frente al riesgo de que América Latina se convierta en el nuevo tablero de la confrontación global entre Occidente y Oriente?
¿Unidad latinoamericana o sumisión fragmentada?
América Latina también enfrenta su propio dilema existencial: ¿pueden los países de la región unirse como un solo bloque para resistir las intervenciones extranjeras y combatir a los cárteles desde adentro, sin necesidad de tropas extranjeras? ¿O prevalecerán la fragmentación, la dependencia económica y la presión política de Washington? Si la región no logra hablar con una sola voz, el destino será impuesto desde fuera y nadie podrá hablar de intervención.
El escenario parece claro: todo indica que el primer movimiento será en Venezuela, con el Tren de Aragua o el supuesto Cartel de los Soles como excusa perfecta. Pero la verdadera incógnita es si, tras esa primera ficha, caerán otras piezas del dominó regional.
La pregunta inevitable
El continente se asoma a una encrucijada histórica:
¿Estamos ante el inicio de una cruzada legítima contra el narcoterrorismo o frente a la excusa perfecta para una nueva era de intervenciones militares y apropiación de riquezas en América Latina?
¿Se resignarán nuestros pueblos a ser el campo de batalla de potencias globales o nacerá, por fin, una verdadera unidad latinoamericana?
¿Estarán dispuestos los empresarios latinoamericanos a perder sus riqueza como forma de pago?
Estas preguntas debería hacerse cada ciudadano de América.
