El presidente del PRM en el municipio de Santiago, Andrés Cueto, dijo hoy que para poder salvar los gremios en el país, los procesos de elección de sus miembros o autoridades, deben ser manejados o supervisados por la Junta Central Electoral.
Dijo que la junta es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes.
Expresó qué la Ley 3-19 tiene por objeto instituir el colegio de Abogados de la República Dominicana y regular el ejercicio de la abogacía en concordancia con el Estatuto Orgánico y el Código de ética Profesional, por lo que hizo un llamado a los colegiados a reflexionar para poder salvar esa institución
Manifestó que al igual que otras instituciones gremiales, el colegio de abogados maneja un buen presupuesto el cual asciende aproximadamente a los 171 millones de pesos anual, por lo que entiende que estos recuerdos deben ser fiscalizado de la forma más transparente y honesta posible.
Aseguró que el artículo 19 de la referida ley, obliga a la rendición anual de cuentas de los recuersos que recibe el colegio ante La Junta directiva convertida en Asamblea General, pero entiende que esto sucede muy pocas veces.
“El deber de los togados es velar por el fiel cumplimiento de los fondos que recibe el colegio, no permitan que se les de un uso inadecuado a esos fondos, respeten su institución la cual está atravesando por una situación bastante difícil y de descredito en esta sociedad”, indicó Cueto
“Como cualquier gremio profesional clásico, el Colegio de Abogados de la República Dominicana se concibe como la entidad que aglomera a los profesionales del derecho, defiende sus intereses, supervisa el ejercicio de la profesión tomando en cuenta las normas éticas que rigen al profesional del derecho, y por tanto, se encarga, evidentemente de disciplinar a los abogados para no verse involucrados en procesos tan bochornosos como lo vivido recientemente”, adujo.
El también dirigente gremial y miembro activo del Codia, expresó que en el pasado proceso del Colegio de abogados celebrado en el país, el libre juego de las ideas quedó cercenada y conculcadas.
De igual manera le restó credibilidad a la comisión encargada de arbitrar dicho proceso, por lo que reiteró, que esos eventos deben ser montados por la junta ya que el colegio recibe una gran cantidad de fondos públicos entre otras remuneraciones.
Citó que los dineros proveniente del Estado deben ser condicionados a objetivos puntuales que sean fiscalizables por la entidad pública que decida otorgarlo, sean estos para proyectos y programas que no solo mejoren el ejercicio de la profesión, sino que también sean de provecho para la ciudadanía en general
Asimismo, expresó que para poder materializarse algún tipo de alianza deben respetarse los plazos, por lo que recomendó que las elecciones para la escogencia del presidente del CARD, deben ser invalidadas.
“Esto en vez de fortalecer la democracia la debilita, miren lo que ha estado pasando en Guatemala y Ecuador con los gremios, no podemos repetir lo que está sucediendo en América Latina con las asociaciones, los togados están en la obligación de reflexionar y encauzar su gremio por el camino de la honestidad y la transparencia.
Resaltó que un organismo, un tercero imparcial con experiencia de procesos de elección, es quien debe normalizar estos acontecimientos que efectúan los gremios de la república dominicana, para que no vuelvan a ocurrir acontecimientos como estos, lo que vienen a alterar la paz social y la convivencia de los profesionales del derecho y la sociedad.
