Bartolo García
Santo Domingo. La Alianza Evangélica Dominicana (AED) expresó su respaldo a las disposiciones de la Ley No. 74-25, que tipifican y sancionan la difamación y la difamación extorsiva, al considerar que estas prácticas representan una amenaza para la dignidad, el honor y la reputación de las personas e instituciones.
El presidente de la organización, obispo Reynaldo Franco Aquino, sostuvo que la República Dominicana necesita fortalecer una cultura basada en la verdad, la responsabilidad y el respeto, donde la libertad de expresión se ejerza dentro de los límites de la ética y la justicia. “La difamación no es un derecho, es un delito”, afirmó.
La entidad destacó que el artículo 209 del nuevo Código Penal establece sanciones para quienes utilicen medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales para realizar imputaciones falsas con fines de extorsión, presión o beneficio económico. La legislación contempla penas de entre cinco y diez años de prisión, además de multas económicas.
Franco Aquino señaló que estas medidas responden a una realidad cada vez más frecuente, en la que determinadas personas o grupos desarrollan campañas de descrédito para afectar la imagen de individuos o instituciones y posteriormente exigir dinero, favores o concesiones para detener los ataques.
La AED aclaró que estas disposiciones no limitan el ejercicio responsable del periodismo ni el derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción o irregularidades sustentadas en pruebas. Por el contrario, entiende que la normativa establece una diferencia clara entre la denuncia legítima y las acciones dirigidas a destruir reputaciones mediante información falsa o manipulada.
Desde una perspectiva cristiana, la organización recordó que la defensa de la verdad constituye un principio fundamental de la convivencia social. Asimismo, hizo un llamado a periodistas, comunicadores, creadores de contenido, líderes sociales y ciudadanos a utilizar de manera responsable las plataformas digitales, promoviendo la verdad, el respeto y la protección de la dignidad humana como pilares esenciales para el fortalecimiento de la democracia.
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