La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, respaldó al ministerio público en la persecución de la corrupción administrativa, iniciada con el apresamiento y solicitud de medidas de coerción contra diez exfuncionarios y personas ligadas a estos, al tiempo de solicitar que la persecución sea extendida, a los casos denunciados por ADOCCO, de la compra de terrenos en el Ministerio de Educación, la construcción del Metro de Santo Domingo y el Teleférico, así como la inclusión de los demás miembros del consejo directivo de FONPER del que forman parte los socios del Estado en las empresas reformadas.
Como entidad de la sociedad civil, que lucha contra la corrupción, apoyamos toda acción que contribuya a detener la corrupción administrativa y sobretodo establecer las sanciones que permitan que los responsables, no solo paguen penalmente sus faltas, sino que pueda ser recuperado el dinero robado, para que los que vayan a un puesto público, lo vean como referente y se abstengan de repetir la misma acción, por ello nos identificamos con este proceso iniciado por las autoridades del ministerio público, lo que podría ser el inicio del anhelado fin de la impunidad reinante en el país, donde tenemos pocos casos de condenas definitivas, por casos de corrupción.
Vale destacar que la forma en la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, ha logrado en sus investigaciones encartar a exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y testaferros quienes fueron arrestados el pasado domingo, por aprovechar sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias.
En la denominada Operación AntiPulpo, fueron apresados los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, por ser parte de una “red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020”.
“Definitivamente que la falla de controles tanto internos como externos en el gasto del presupuesto, se pudo producir que mediante el tráfico de influencias se creara un millonario entramado societario que permitiendo que estos se beneficiaran de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
Era un secreto a voces que la mayoría de las compras de insumos médicos, asi como la de equipos para hospitales que forman parte de la ciudad de la salud, proyecto desarrollado por la OISOE, eran realizadas a las empresas: Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL, ligadas a partes de los sometidos a la acción de la justicia.
