Por JUAN T H
He leído con mucha atención el artículo, bien ponderado y desapasionado, sin sesgo político, que publicara en el periódico Listín Diario el vicealmirante retirado Homero Luís Lajara Solá sobre el cumplimiento o no de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas durante la presente gestión del presidente Luís Abinader.
El trabajo me obligó a leer la extensa y detallada ley, la cual fue resultado de una investigación histórica militar, tanto del país como del extranjero, antes de evacuarla. Es una pieza bastante detallada y completa.
¿Se cumple la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas rigurosamente, la respuesta es: ¡No! No con la rigurosidad que el propio texto establece. Pero, como bien dice Lajara Solá, el ministro Carlos Luciano Díaz Morfa, militar de carrera de gran conocimiento y experiencia, bajo la orientación del presidente Luís Abinader, su jefe “supremo”, trata de hacerla cumplir mesuradamente en la medida de lo posible, sin abusos ni atropellos.
Debo decir, a partir de la lectura y ponderación de la ley, que no es tarea fácil, por razones políticas y culturales. No olvidemos que Trujillo, dictador ladrón y asesino, gobernó el país bajo un régimen estrictamente militar. Y que esas mismas fuerzas militares fueron las que bombardearon al pueblo en el puente Duarte durante la guerra de abril, las que aniquilaron a los expedicionarios del 59, las que enfrentaron y fusilaron a Manolo Tavares y sus compañeros, las que enfrentaron y fusilaron en las Manaclas a Caamaño en 1973, etc., etc., etc.
Las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía Nacional, no han estado al margen de la política. Al contrario, han estado viciadas por la llamada “clase política” que en última instancia es la que ha tomado las decisiones que han contribuido con su hipertrofia, con su dispersión y división.
Recordemos al presidente Antonio Guzmán. Su afán por despolitizar las Fuerzas Armadas tras su llegada al poder en 1978. Había que tener coraje y voluntad para hacer lo que hizo el presidente Guzmán con la cúpula militar de esos años. Los antecedentes militares eran funestos, con crimines, apresamientos, torturas, ejecuciones, represiones brutales. Aquellos 12 años de los gobiernos nefastos del doctor Balaguer fueron brutales. Los militares de entonces estaban por encima del bien y del mal. Se convirtieron en ley, batuta y constitución. Hubo un momento en que parecían estar por encima, no solo de la Constitución y las leyes, sino por encima del mandato del propio jefe de Estado, hasta que llegó el PRD con don Antonio Guzmán que permitió el retorno de los exiliados, prohibió las leyes anticomunistas, liberó los presos políticos y abrió un clima democrático de paz y concordia.
Tras la intervención militar de 1965, aplastando las fuerzas constitucionalistas, en el país se produjo una cacería de jóvenes y de excombatientes, donde los militares jugaron un rol fundamental, creando grupos y castas muy poderosas, corruptas y asesinas. Crímenes que nunca fueron aclarados, culpables que nunca fueron acusados y que no pagaron sus culpas porque un manto político de impunidad los cubrió. No lo olvido.
Una cosa es cierta; este país tiene demasiado generales. Bastaría con alrededor de diez en todo el territorio nacional; dos en el Cibao, uno en el Este, uno en la Frontera y dos en la Capital. Muchos de los actuales están pasados con más de diez años en el rango; incluso sin funciones; algunos tienen hasta más de 20 años en el rango impidiendo el relevo generacional, lo cual castra la institución impidiendo su desarrollo y fortalecimiento institucional.
La política y los políticos deben sacar sus manos de las Fuerzas Armadas permitiendo que los ascensos sean el resultado del escalafón, la constitución y la ley, no de las influencias políticas, del compadrazgo. Los dirigentes políticos, al igual que muchos funcionarios, ministros y demás, ejercen sus influencias y su poder para lograr ascensos fuera de tiempo, y sin los méritos militares o académicos. Solo permitiendo que el cumplimiento riguroso del escalafón, a partir del tiempo y los méritos, fuera de la influencia política -que todo lo jode- podremos logar unas FFAA institucionalizada que solo responda al mandato de la ley.
En el pasado, supongo que ahora no, muchos jefes militares y policiales, para aumentar el salario real “enganchaban” a las esposas, los hijos y otros parientes. Más aun, se denunció en reiteradas ocasiones que algunos jerarcas cobraban por los ascensos o exigían una cuota de los sueldos de los alistados. Creo que esas prácticas han desaparecido durante el proceso de transparencia y sentamiento que ha llevado a cabo el ministro Díaz Morfa.
La ley dice que, “para ser ascendido a general de brigada o contralmirante de una de las instituciones militares, en adición de lo dispuesto por la presente ley, el militar considerado deberá haber prestado un tiempo mínimo de veintisiete (27) años en servicio como oficial. Para el de coronel o capitán de navío, un tiempo mínimo de veintidós (22) años. Párrafo II.- Como requisito previo para ser considerado para el ascenso a general de brigada o contralmirante, coronel o capitán de navío de una de las instituciones militares, el candidato deberá haber cumplido los requisitos del servicio y realizado los cursos correspondientes para la obtención de dichos grados. El informe y calificaciones serán debidamente ponderados por la junta de ascensos, no pudiendo ser recomendados los que reprobaren dichos cursos, ni la evaluación de desempeño”.
Leyendo detenidamente la ley orgánica, reitero, me di cuenta de que, no es tarea fácil cumplirla. Por razones políticas, culturales y militares. Se requiere de una voluntad, no militar estrictamente, sino política. No depende exclusivamente del ministro Díaz Morfa, depende de la voluntad política del presidente Abinader, como ocurre en la Policía Nacional. Sin la decisión firme del presidente de la República no es posible que tengamos otra policía, porque en el seno de la propia institución del orden hay presiones para que no lleguen la transformación y el cambio.
No estaría de más que los miembros de las Fuerzas Armadas, todos los oficiales se lean la Constitución de la República y la Ley de las Fuerzas Armadas, porque hay mucha ignorancia y desconocimiento sobre ambas piezas legislativas que constituyen el armazón jurídico que ordenan socialmente el país.
Todos los años se escuchan las quejas de los alistados, oficiales inferiores y superiores, tenientes, coroneles, generales, quejarse de los ascensos porque tienen un tiempo determinado en el rango, como si el tiempo fuera lo único que importara, no el mérito acumulado, los estudios, etc., etc. Es verdad que se producen algunas injusticias en los ascensos, por “amiguismo”, “política”, etc., que tendrán que ser corregidos paulatinamente para que no ocurran. Pero requerirá de avanzar institucionalmente, tarea en la que trabaja el ministro Díaz Morfa. No estaría de más sugerir que en algún momento una comisión de alto mando estudie la ley orgánica y produzca una propuesta de modificación y actualización para darle a las Fuerzas Armadas mayor nivel de institucionalidad.
