Una de las políticas oficiales que mayor costo económico está generando en perjuicio del desarrollo de las clases media y baja, es el continuado proceso de privatización de empresas estatales.
Ese problema comenzó en el gobierno del Presidente Leonel Fernández, con la privatización parcial o venta de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), varios Ingenios públicos, la Compañía Anónima Tabacalera, la Industria Nacional del Papel y otras que generaban millares de empleos, además de millones de pesos mensuales para fortalecer la economía del Estado.
Hay que establecer que esa errada política fue aplicada por el gobierno del entonces Presidente Fernández, en un momento que el gran capitalismo mundial obligó a los países más pobres a deshacerse de la mayoría de las empresas del Estado, bajo la falsa creencia de que lo que más le convenía al desarrollo, era la aplicación de la indeseable política neoliberal.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), los Bancos Mundial e Internacional para el Desarrollo (BID), entre otras entidades crediticias de las que controlan el mundo económico, amenazaron a la República Dominicana con no prestarle dinero si se oponía a la ejecución de su política neoliberal.
O mejor dicho, la desastrosa política económica que posteriormente llevó a la quiebra a millares de empresas de los mismos países promotores de la misma, como fue el caso de Estados Unidos, donde hasta Bancos comerciales de los más prestigiosos tuvieron que cerrar o en Europa, donde las economías de la mayoría de sus países colapsó.
Lamentablemente, el hoy ex presidente Fernández está cargando con ese peso político, porque millares o millones de dominicanos lo acusan de privatizar parcial o totalmente muchas de las empresas del Estado, pero ya explicamos que eso sucedió por la presión internacional de ese momento, que comenzó con más fuerza en 1998, aunque ya estaba ocurriendo en otras naciones pobres o en desarrollo.
Hoy, en el 2021, el gobierno del Presidente Luis Abinader no tiene esa presión internacional, por lo que el país debe rechazar la continuación del proceso de privatización o venta total de las empresas del Estado u otras propiedades.
La presión en contra del Presidente Abinader surge de su mismo gabinete, integrado, en su mayoría, por representantes del empresariado involucrado en el proceso de privatización.
Buscan quedarse, por completo, con el sistema eléctrico, con los Ingenios del Estado y demás empresas que le quedan. La mayoría de votantes debe comenzar a pensar en un Presidente que se comprometa a dejar sin efecto todo ese despojo de los bienes del Estado. Lo más prudente es que el Presidente Abinader se pelee con los funcionarios representantes de un sector del empresariado que promueve esa política y no con el poderoso electorado.
Lo correcto es que el Estado apoye las inversiones del sector privado, sin despojar al primero de sus bienes. Y llevar a la cárcel a los responsables de esa estafa, porque también eso es un robo público con la autorización de funcionarios del Estado. Esas empresas se constituyeron con dinero de los contribuyentes y nadie debería adueñarse de ellas.
Por suerte, el hoy ex Presidente Danilo Medina no formó parte de ese despojo, a pesar de dirigir la nación ocho años. Y como no se prestó a ese despojo, la mayoría de los poderosos económicos que hoy dirigen en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), invirtieron miles de millones de pesos para inhabilitarlo políticamente.
No era su hombre de confianza para seguir dirigiendo el Estado en perjuicio de esos sectores. Invirtieron para que el PRM ganara, para que éste luego le entregue su parte en el poder. Como invirtieron tanto millones de pesos para que el PRM ganara, ahora el Presidente Luis Abinader no sabe qué hacer con muchos de sus ministros, directores generales y administradores, que él es conocedor de que un día tendrán que responder en la Justicia.
El plan de privatización está tan bien organizado, que ya EDENORTE ordenó a un equipo de personas visitar viviendas y establecimientos comerciales, para verificar el consumo de manera directa. Si en la vivienda hay un pequeño negocio, averiguan si pagan o no con la misma medición. Eso es un preaviso de la venta o privatización de Punta Catalina, que provocará nuevas alzas en el cobro por consumo.
Y lo mismo va a ocurrir cuando todos los Ingenios pasen al sector privado. Ya el Presidente Abinader disolvió al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Hay que esperar que comience la distribución de sus tierras y otras propiedades entre poderosos.
Los consumidores tendrán que pagar el azúcar más cara de lo que está y los empresarios privados, sin dejar fuera a muchos funcionarios del PRM, se apoderarán de parte de los terrenos usados para la siembra de caña. Hay un sector del empresariado que sabe que al PRM le queda en el poder algo más de dos años, de mantener el mismo estilo de política estatal. Seguimos pensando que el Presidente Abinader tiene buenas intenciones para el país, pero está rodeado de una especie de buitres que imponen sus deseos económicos.
Pero el Presidente sabe que constitucionalmente le queda en el poder algo más de dos años. Y va a durar el resto del tiempo que falta, porque los dominicanos sabemos que después que se elige a un gobernante, debe cumplir sus cuatro años. En cualquier otro país del área, no hay ninguna duda de que se estaría conspirando contra el gobierno, debido a la carestía de precios, la inseguridad, la especulación y la baja producción de alimentos por falta de apoyo estatal.
Hay que destacar que el gobierno del PRM tiene a su favor la debilidad de la oposición, la cual no se sabe si está respaldando al régimen o tiene miedo. De no ser así, la oposición tendría más de un 80 por ciento de popularidad a su favor. Ya dijimos que los primeros dos años de gobierno determinarán su triunfo o derrota en las elecciones del 2024. Los proyectos anunciados por el Presidente, como son los de Santiago, parecen estar dirigidos a fortalecer su política en sus primeros dos años.
Y la oposición política sabe que si no ganó en ese tiempo, en los dos últimos años el gobierno usará todos los mecanismos posibles para imponer la reelección del Presidente Abinader, el cual está obligado a aspirar al mismo cargo, porque el PRM no tiene otra candidatura para ofertarla de manera triunfal al electorado.
Por Luis Céspedes Peña
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