El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un fallo histórico dictado por la jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. La decisión se sustenta en más de mil páginas de argumentación judicial que desmontan su presunción de inocencia.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye una multa de más de 3.444 millones de pesos colombianos (unos 830,000 dólares), equivalentes a 2.420 salarios mínimos. Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, lo que representa un duro golpe a su carrera política y al partido que fundó, el Centro Democrático.
La sentencia se refiere al llamado “juicio del siglo”, en el que se investigaron maniobras del expresidente para manipular testigos y desviar procesos penales en su contra. La jueza concluyó que Uribe utilizó intermediarios para ofrecer beneficios a personas privadas de libertad, a cambio de testimonios falsos que le favorecieran judicialmente.
Entre las evidencias presentadas en el juicio destacan grabaciones, declaraciones juradas y rastros documentales que evidencian una estrategia coordinada para influir en testigos, muchos de ellos internos en cárceles del país. El fallo determinó que estas acciones constituyen soborno en actuación penal, agravado por su rol como exjefe de Estado.
El caso se remonta a más de una década de enfrentamientos judiciales entre Uribe y el senador Iván Cepeda, a quien el expresidente acusó de fabricar testigos falsos. Sin embargo, las investigaciones revirtieron el foco del caso, demostrando que fue el propio Uribe quien habría recurrido a ese tipo de maniobras.
El fallo aún no es definitivo, ya que la defensa de Uribe anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. De mantenerse la condena en segunda instancia, el expresidente deberá cumplir la totalidad de la pena en su domicilio, dada su edad y el tipo de delito imputado.
Desde su primera declaración de culpabilidad el lunes pasado, Uribe permanece bajo arresto domiciliario. La decisión causó impacto en toda América Latina, al tratarse de uno de los líderes más influyentes del continente durante las dos primeras décadas del siglo XXI.
En Colombia, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras sectores políticos cercanos al expresidente han manifestado su “preocupación por la politización de la justicia”, agrupaciones de derechos humanos celebraron el fallo como un avance hacia la rendición de cuentas sin privilegios.
La jueza Heredia insistió en que el fallo no es un acto político, sino jurídico, y que fue producto de un proceso basado en evidencias sólidas, con respeto al debido proceso. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien ha ocupado la más alta magistratura del país”, expresó.
La condena también sienta un precedente para otros funcionarios que han sido investigados por casos similares y podría abrir nuevas líneas de investigación en torno a la red de contactos que actuó en nombre del expresidente para influir en testigos penitenciarios.
A sus 73 años, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y en uno de los pocos en América Latina que enfrenta una pena de prisión dentro de su propio país por hechos ocurridos tras ejercer el poder.
En una escueta reacción pública, Uribe calificó el fallo como “injusto” y aseguró que se trata de una “persecución judicial”. “No me rindo, seguiré luchando por la verdad y por Colombia”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Organismos internacionales como Human Rights Watch y Transparencia Internacional han seguido de cerca este proceso, señalándolo como emblemático en la lucha contra la impunidad en la región.
Mientras tanto, el país queda a la espera de lo que dictamine el Tribunal Superior de Bogotá en la próxima etapa del proceso, que definirá si la condena queda firme o si se abre una nueva ventana de defensa para el exmandatario.
Con información de actualidad.rt.com
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