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Bartolo García

Altice

El pasado jueves 3 de julio, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro privado con el expresidente Leonel Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en el marco de la estrategia de diálogo con líderes políticos dominicanos para enfrentar de manera conjunta la crisis en Haití.

Esta reunión representa la segunda conversación bilateral del mandatario con expresidentes, luego de haber visitado al exmandatario Danilo Medina el pasado 26 de junio. Ambos encuentros forman parte del seguimiento a la primera mesa de alto nivel celebrada el 14 de mayo en el Ministerio de Defensa, en la que participaron Abinader, Fernández, Medina e Hipólito Mejía.

Durante el encuentro en FUNGLODE, tanto el presidente como el exmandatario coincidieron en la necesidad de abordar la migración haitiana desde una visión de Estado, estableciendo políticas consensuadas que resguarden la soberanía nacional y, al mismo tiempo, respondan de forma humanitaria y realista a la situación fronteriza.

Uno de los temas más debatidos tras la reunión ha sido la posibilidad de establecer un sistema de permisos laborales temporales para obreros haitianos, como medida para reducir la migración ilegal y garantizar una regulación eficiente del empleo extranjero en sectores como la construcción y la agricultura.

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El senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, opinó que el diálogo es positivo, pero insistió en que se deben tomar acciones concretas en la frontera: “Necesitamos más que reuniones. Urge reforzar el control fronterizo con tecnología y personal capacitado”.

En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, quien acompañó al mandatario en el encuentro, subrayó que “no se trata de cerrar la frontera, sino de ordenarla; el país necesita una política migratoria clara, justa y firme”.

Desde la Fuerza del Pueblo, el diputado Tobías Crespo valoró el gesto de apertura institucional del presidente Abinader, aunque recordó que “este tipo de encuentros deben traducirse en legislación y acción concreta, especialmente en cuanto al estatus de los trabajadores haitianos”.

La sociedad civil también ha reaccionado. La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Miriam Díaz, expresó que “es urgente establecer una política de permisos laborales temporales que permita controlar quién entra, quién sale y por cuánto tiempo. No podemos seguir improvisando”.

Por su parte, el empresario Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, sostuvo que “muchas industrias y empresas agrícolas dependen de mano de obra haitiana. Legalizar su estatus laboral evitaría la explotación y facilitaría el control migratorio”.

Mientras tanto, sectores más conservadores como el Instituto Duartiano han manifestado su oposición a cualquier tipo de regularización masiva. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, declaró: “Cualquier medida que legitime la permanencia de haitianos ilegales pone en riesgo la identidad nacional”.

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El expresidente Hipólito Mejía, consultado sobre el proceso de diálogo, se mostró a favor de que los expresidentes mantengan canales abiertos de conversación: “La situación haitiana nos compete a todos. No es un tema de partidos, es un tema de país”.

Desde organismos internacionales, el embajador de la Unión Europea en el país, Katja Afheldt, elogió los esfuerzos de diálogo nacional y expresó su esperanza de que la República Dominicana siga liderando un enfoque responsable y solidario ante la crisis regional.

En conjunto, estas reuniones están generando expectativas sobre la conformación de una política migratoria más estructurada. Desde el Consejo Económico y Social (CES), se han activado mesas temáticas que discuten propuestas en áreas como seguridad, migración, comercio y desarrollo fronterizo.

La continuidad de este tipo de encuentros podría sentar las bases para una nueva legislación migratoria, que contemple tanto el control fronterizo como mecanismos de integración laboral regulada. El reto está en lograr consensos más allá de las diferencias partidarias.

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