Con penas más severas, nuevos tipos penales y herramientas contra la criminalidad organizada, la reforma responde a los desafíos del siglo XXI en seguridad, justicia y derechos humanos
Bartolo García
El presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando un cambio histórico en el sistema de justicia del país tras más de 140 años de vigencia del código anterior, instaurado en 1884. Esta nueva legislación representa un avance significativo en materia de justicia penal y derechos ciudadanos.
Con esta promulgación, el país moderniza su marco jurídico penal y se adapta a los desafíos contemporáneos, tales como el crimen organizado, la violencia de género, la corrupción y los delitos tecnológicos. La aprobación del nuevo código fue respaldada por los principales partidos políticos, lo que refleja un consenso institucional en torno a su necesidad.
Entre las novedades más destacadas del nuevo Código Penal se encuentra la tipificación de delitos que antes no eran contemplados, como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, los deepfakes con fines de chantaje, y la estafa piramidal. También se incluyen figuras como la instigación al suicidio, el dopaje, el autosecuestro y la falsa denuncia.
En materia de penas, la reforma permite imponer condenas de hasta 40 años de prisión para delitos graves y hasta 60 años en casos de concurso de infracciones, lo cual eleva significativamente las sanciones para crímenes de alta peligrosidad. Esto representa un endurecimiento claro de la respuesta penal ante hechos criminales complejos.
El nuevo Código también introduce medidas sociojudiciales con un enfoque en la prevención y reinserción, como el registro de agresores sexuales, la vigilancia post-penitenciaria y programas de reeducación. Estas iniciativas buscan reducir la reincidencia y mejorar la seguridad a largo plazo.
Una innovación importante es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar a empresas y organizaciones que incurran en delitos por acción u omisión de sus representantes. Esta medida refuerza la lucha contra la corrupción y los crímenes económicos.
También se establece un sistema más fuerte de órdenes de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, incluyendo mecanismos de respuesta rápida y garantías de seguimiento. Esto supone una mejora significativa en la protección de derechos fundamentales.
En cuanto a la corrupción administrativa, la reforma extiende los plazos de prescripción y endurece las sanciones, incluyendo la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas. De este modo, el nuevo Código se convierte en una herramienta efectiva contra la impunidad en el sector público.
Otro avance clave es la extensión del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores y personas vulnerables. El nuevo límite será de 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad, lo que permitirá juzgar casos que anteriormente quedaban impunes por el paso del tiempo.
Además de sancionar, el nuevo marco legal introduce un enfoque preventivo, reconociendo que la seguridad es una responsabilidad compartida entre Estado y ciudadanía. Esta visión se alinea con los principios de un Estado democrático de derecho.
Esta reforma ofrece herramientas modernas para enfrentar el crimen organizado, proteger a las víctimas y fortalecer la confianza en el sistema judicial dominicano. Incluye normas claras sobre delitos complejos y amplía las capacidades investigativas del Ministerio Público.
Con la entrada en vigencia de esta ley dentro de 12 meses, el país dejará atrás un marco normativo anacrónico para adoptar una legislación que responde a los retos del presente y del futuro. La transición implicará también una fase de capacitación para jueces, fiscales y abogados.
El gobierno ha puesto a disposición del público el texto completo del nuevo Código Penal a través del portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar transparencia y acceso a la información.
Con esta reforma, la República Dominicana da un paso firme hacia una justicia más moderna, humana y eficaz, adecuada a las necesidades del siglo XXI y a los estándares internacionales de derechos humanos.
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