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Se derogarían los artículos 10, 19, 26; 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45.  Se alegra que generaría pérdida de empleos, quiebra de empresas y futuro incierto para actuales estudiantes de cine de seis universidades

Altice

José Rafael Sosa

Santo Domingo, D.N. Los profesionales del cine y parte de sus organizaciones han salido a rechazar la derogación o modificación de artículos de la Ley Nacional de Cine y sostienen que se destruiría el avance logrado por el país como destino fílmico y el país dejaría de competitivo en un escenario regional cada día más disputado frente a países que ofrecen facilidades a sus realizadores de cine y los internacionales.

La ley 108-10 (https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Incentivos%20y%20Fomentos/108-10.pdf),  promulgada el 9 de julio del 2010 firmada por el presidente Leonel Fernández, tras un largo proceso legislativo en el que tuvo un papel principal el entonces diputado Manuel Jiménez.

La propuesta de la actualización o modernización fiscal, elimina los incentivos de los artículos y sus numerales:  2), 3), 4) y 5) del artículo 6; numeral 6) del artículo 10; artículo 19; numerales 3) y 4) del artículo 26; y los artículos 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 de la Ley 108-10 para el Fomento de Actividad Cinematográfica.

Los artículos 34 y 39

ADOCINE se refiere, entre muchos otros, a los artículos 34 y 39 de la Ley Nacional de Cine que rezan:

“Artículo 34.- (Modificado por el Art. 13 de la Ley No. 257-10, de fecha 18 de noviembre de 2010 Estímulo tributario a la inversión en la cinematografía nacional.) Las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir el cien por ciento (100%) del valor real invertido [18] del Impuesto Sobre la Renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión.

“Artículo 39.- (Modificado por el Art. 02 de la Ley No. 82-13, de fecha 18 de junio del 2013). Crédito Fiscal Transferible. Podrán optar por beneficiarse de un crédito fiscal equivalente a un veinticinco (25%) de todos los gastos realizados en la República Dominicana, las personas naturales o jurídicas que produzcan obras cinematográficas y audiovisuales dominicanas o extranjeras en el territorio dominicano. Dicho crédito podrá ser usado para compensar cualquier obligación del Impuesto Sobre la Renta o podrá ser transferido en favor de cualquier persona natural o jurídica para los mismos fines.”

¿Eliminar el apoyo al cine?

Como es visible, es un complejo legal con un tejido sólidamente elaborado para apoyar la industria del cine, la cual que comenzó a recibir estos incentivos desde la primera producción realizada con su apoyo (El rey de Najayo, Fernando Báez, 2012), por lo que lleva ya doce años de aplicación, siendo una de las legislaciones más recientes. Algunos de sus artículos que establecen incentivos (como los que favorecen la instalación de nuevas salas de cine  y de estudio de producción cinematográfica) ya concluyeron en su vigencia – tenían 10 años de efectividad), apunta Francisco Disla (El Indio), creador del estudio La Aldea.

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Estos son los países que tienen vigente en Iberoamérica, su Ley Nacional de cine, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia (país que asesoró a RD para tener la legislación similar, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, España, (que el gobierno derechista del Partido Popular pretendió derogar), la dictadura de Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y la dictadura de Venezuela. El gobierno de Javier Miley en Argentina, está derogando la Ley Nacional de Cine de ese país, al cual une República Dominicana.

Reacción de cineastas

ADOCINE advierte que de aprobarse la derogación se perderían 25,000 empleos, quebraría 375 empresas del sector y generaría un futuro incierto a más de 1,200 estudiantes que actualmente cursan la carrera de cine en más de seis universidades del país.

Cita que es falso el dato de que el sacrificio fiscal sea de RD$7,200,000.00 porque no cita que el pago de los impuestos directos como el ITBIS y el ISR es de RD$ 3,000,000.00 y que estos impuestos son pagados entre 8 y 10 meses antes de que el Gobierno entregue los Certificados de los Créditos Fiscales Transferibles. ADOCINE dice que la propuesta gubernamental no se ha tomado en cuenta la captación de divisas durante este mismo período fiscal que fue de más de RD$14,000,000.00 por la llegada de las producciones extranjeras. 

Robert Cornelio, director de cine y productor indica: “Hoy enfrentamos un desafío con la propuesta de eliminar los incentivos de la ley de cine. Aunque esta noticia refleja una falta de comprensión sobre el valor del arte y su impacto económico, no nos detendrá. Nuestra batalla comienza ahora: nos dirigiremos al congreso para defender nuestros derechos y educar sobre la importancia vital del cine en nuestra sociedad. Recordemos que el arte trasciende las limitaciones y seguiremos contando historias, pase lo que pase. Es hora de actuar unidos. Ocupemos todos los espacios de conversación: medios, hogares y el congreso. A quienes están en proyectos activos, sigan creando con pasión; a quienes no, es momento de adaptarse sin perder la chispa creativa. Somos una familia unida por el amor al cine y juntos emergemos más fuertes. Nuestra voz, nuestra identidad y nuestro legado cultural no serán silenciados. ¡Adelante, creadores de sueños! La lucha continúa, y con ella, nuestra determinación de seguir iluminando el mundo con nuestro arte”.

Marc Mejía

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El crítico de cine, miembro de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI) y conocedor a fondo de la Ley Nacional de Cine, sostiene en una declaración escrita: “La Ley 108-10 ha sido clave para el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana, generando miles de empleos, atrayendo inversiones extranjeras y posicionando al país en la escena global. Su impacto económico no se mide únicamente por las taquillas en las salas de cine, sino por la vasta red de sectores beneficiados, desde el turismo hasta los servicios. Derogar esta ley no solo significa perder competitividad frente a otros países, sino también frenar el crecimiento del talento local, la generación de divisas y aumentar el desempleo en sectores que dependen de esta industria, afectando gravemente a la economía en su conjunto”.

El Indio Disla

Francisco Disla, cineasta es opuesto a la eliminación o modificación de la legislación, sostiene: “Los artículos de construcción de cine salas y de estudios cinematográficos caducaron en el 2016. Solo queda vigente la exención de los estudios hasta el 2025. Y en casi cinco años pasados del 2020, caducó la exención de empresas de servicios cinematográficos. Quienes han reaccionado contra la modificación o derogación de la LNC, se han basado solo en la generación de taquillas”.

Danilo Reynoso, productor y actor

El destacado cineasta sostiene: “Así va esta “mala película”: eliminas la fuente de trabajo de más de 30 mil personas, de más de 375 empresas y más de 3 mil estudiantes y egresados, a cambio de … ¿un bono de 2 mil pesos? El rol del Estado debe ser regular, crear medios de empleos y riquezas, no crear masas dependientes de míseras dádivas.  Mienten, cuando dicen que para aumentar las arcas del Estado tienen que desaparecer las recaudaciones de un sector 100% regularizado, mientras 6 de cada 10 dominicano está en la informalidad, dígase, no está registrado en la DGII… ¿será que nos sumamos todos a la informalidad? Mienten, cuando dicen que se juntaron con la industria, NUNCA hubo tal encuentro, ¿o por qué no suben una foto de esa reunión? Mienten, cuando afirman que el gasto fiscal es 7,2MM, cuando alrededor del 25% de ese número son impuestos directos deducidos por ellos mismos, y tampoco dicen cuánto entraron gracias a los proyectos extranjeros: 12MM… dinero que ya no entrará a RD – en dólares y euros- porque ya no habría incentivos… ¡imagínese la proyección del alza de estas monedas!

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