La procuradora adjunto y directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, durante el conocimiento de la medida de coerción contra los acusados en la operación Anti-Pulpo, dejó claro que no fue al tribunal a perder tiempo y que la barra del ministerio público acudió a la sala de audiencia a discutir de derecho.
“Caramba, esto debe ser técnico, por Diossss”, dijo cuando varios abogados de la defensa intentaron intervenir cuando leía parte de los argumentos que sustentaban la solicitud de medida de coerción.
“La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la representante del Ministerio Público.
Tras la advertencia de Berenice, el juez José Alejando Vargas, quien preside la audiencia, pidió colaborar para que el proceso se desarrolle en calma para poder concluir hoy, porque “no quiero que que sea después de las 7 de la noche porque yo no tengo permiso”.
“Tratemos de que esto transcurra de la manera más tranquila y pacífica posible para que podamos concluir porque yo quiero que concluyamos hoy, y no quiero que sea después de las 7:00 de la noche porque yo no tengo permiso, y uno sale después de las 7:00 de la noche y agarran los policías y trancan a uno y uno sale al otro día”.
Imputados en el caso
En el caso del entramado de corrupción contra el Estado, que involucra unos 4,800 millones de epsos, figuran como imputados, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y principal cabecilla, y su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez. Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper.
También al exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y Wacal Vernavel. El ministerio público asegura que todo el entramado que involucra a Méndez Pineda se benefició de recursos del Estado por un monto de casi 4,800 millones de pesos.
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