La reforma fiscal que plantea el gobierno igual que todas las que se han hecho desde el año 2000 hasta aquí, procuran aumentar los ingresos del estado, no para mejorar la calidad de vida de la gente , sino más bien para aumentar el gasto del estado con el simple objetivo de obtener beneficios políticos, pero la crisis actual plantea que en lugar de aquello, podría revertirse en contra de quienes la promueven.
El artículo 36 de la ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, para el 2022 ya habrían pasado 10 años en espera de aplicación de la ley.
Lo que procede es replantear esta ley que se proyectaba a 30 años, la pandemia del covid-19 obliga a impulsar los sectores productivos para retomen el rumbo de crecimiento que teníamos hasta 2019.
Presentar un presupuesto de 1.2 billones con un incremento de al rededor de 36% comparado con 2019 es muy arriesgado ya que la crisis económica para muchos sectores apenas comienza, mejor dicho muchas empresas grandes, medianas y pequeñas comienzan de cero en el 2022.
Entiendo arriesgado dar un golpe bajo a las clases media en momentos que se necesita de ciudadanos con espíritu emprendedor y en lugar de sacrificarlo debemos estimularlo.
La crisis afecta a todos no sólo al gobierno, sin producción, sin motivos para generar riquezas no hay pago de impuestos , cuidado si sale más cara la sal que el chivo.
Simplificar el sistema tributario y disminuir los niveles de informalidad para que una parte de ese 45-60% que no paga entre en el sistema formal de pagos, es más que suficiente por ahora.
Por Bernardo Espinosa
Asesor Fiscal y Financiero
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