La ley 33-18 de partidos políticos en República Dominicana: ¿Una normativa discriminatoria?

Introducción

La recién aprobada ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en República Dominicana ha generado controversia debido a su contenido discriminatorio, inequitativo y violatorio de derechos fundamentales. En este artículo, analizaremos los aspectos más relevantes de esta ley y su impacto en el sistema político del país.

Antecedentes

Tras más de 16 años de discusión y tratamiento, se esperaba que la ley 33-18 fuera el resultado de un consenso entre los actores fundamentales del sistema de partidos, instituciones de la sociedad civil y otros sectores. Sin embargo, el proceso de aprobación de la ley estuvo marcado por la falta de diálogo y la imposición de reglas por parte de los partidos mayoritarios.

Aspectos polémicos de la ley

La ley 33-18 aborda temas como el financiamiento de los partidos, requisitos para ostentar una candidatura, propaganda en el periodo de precampaña, las alianzas, apropiación de fondos para primarias, modalidades para la escogencia de candidaturas, delitos electorales, entre otros. Estos temas fueron tratados de manera apresurada y sin el debido consenso, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.

Imposición de reglas por parte de los partidos mayoritarios

Dos partidos, el PRM y el PRSC, impusieron sus propias reglas del juego en la aprobación de la ley, desacatando propuestas previamente consensuadas con otros partidos. Esta falta de consulta y diálogo ha generado descontento entre los demás partidos políticos y la sociedad en general.

Inconstitucionalidad de la ley

La ley 33-18 presenta aproximadamente 13 violaciones a la constitución dominicana, como la prohibición de alianzas en las primeras elecciones, requisitos para ostentar una candidatura basados en el tiempo de militancia en un partido, y sanciones por emisión de mensajes “negativos” en redes sociales. Estas violaciones ponen en duda la legalidad y legitimidad de la ley.

Conclusiones

Es necesario revisar y modificar la ley 33-18 para garantizar que sea coherente con la constitución dominicana y respete los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proceso de elaboración de leyes electorales y de partidos políticos debe ser transparente, participativo y basado en el consenso de todos los actores involucrados. Solo así se podrá asegurar la realización de elecciones justas, limpias y democráticas en el país.