Por Pablo Vicente
La Justicia Electoral en todo país es un actor protagónico en la vida social y política porque sus decisiones inciden en ella y por supuesto logran acaparar la atención de la opinión pública en vista de que los actores envueltos son personas del ámbito político.
Los derechos electorales forman parte de los derechos políticos, que a su vez son una categoría dentro de los derechos humanos, es de conocimiento que la democracia se fortalece en la medida en que se fortalecen las instituciones, en ese sentido el rol que ha estado jugando el Tribunal Superior Electoral antes, durante y después del proceso electoral es digno de admiración y reconocimiento.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral. Constituye un órgano de carácter autónomo con personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera, por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. La alta corte sin lugar a dudas da buenas señales de justicia en las decisiones que ha tenido la oportunidad de decidir, a diferencia de otros tiempo donde se podían apreciar actores políticos exigiendo imparcialidad en las decisiones que tomaba ese alto tribunal, sin embargo, hoy en día es sinónimo de buena gestión.
El TSE es el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Somos un país con un alto nivel de dinamismo político por lo que los conflictos a lo interno de los partidos políticos de alguna manera forman parte del modus vivendi, de ahí la necesidad que el organismos encargado de dirimir los conflictos de los partidos goce de la legitimidad necesaria para que sus decisiones puedan ser acatadas por las partes involucradas, y eso desde mi humilde punto de vista ha podido lograr el TSE.
Contar con una institución fuerte que realice sus actividades en el marco de lo que establece la ley es un gran desafío al que se debe aspirar en todas las instituciones del ámbito público. La eficiencia y transparencia deben ser el norte.
Es imprescindible seguir creando las condiciones necesarias para que la administración de justicia en el ámbito electoral se siga haciendo con mayor eficacia, por lo que considero que desde el poder ejecutivo se le asigne el presupuesto necesario, que le permita hacer mejor lo que hasta ahora están haciendo bien, pero además es urgente robustecer los instrumentos legales en materia electoral para una correcta interpretación y aplicación del marco normativo que lo regula.
El TSE ha demostrado que pese a las presiones políticas que en algún momento pueden surgir es posible administrar justicia sobre la base de principios y valores democráticos, el buen accionar del TSE es una muestra de que es posible la implementación de un nuevo modelo de gestión de la justicia electoral.
Abogamos para que el desempeño que ha tenido el TSE pueda servir de estímulo a otras instituciones, y que la Sociedad Civil y el gobierno valoren el accionar de esta alta corte en su justa dimensión.
El autor es dominicano, abogado y presidente de FUJUDEL
