Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ Situando la República Dominicana en la casilla 32 entre 180 países del mundo en la percepción sobre la corrupción, Transparencia Internacional (TI) revela en su reporte 2022 que la lentitud de los procesos judiciales en el país caribeño obstaculiza el progreso en las condenas a los acusados.
El grupo civil de monitoreo con sede en Washington DC, afirma que la República Dominicana ha ganado cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en los últimos dos años al fortalecer la independencia de sus órganos de justicia y supervisión, mejorar la transparencia en la contratación pública y promulgar una ley de decomiso de activos, un instrumento legal clave para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Pero sostiene el informe divulgado esta semana, que sin embargo, la lentitud de los procesos judiciales ha obstaculizado el progreso de las condenas por corrupción. “Existe preocupación en la sociedad dominicana de que los tribunales no estén a la altura de la fuerte demanda nacional para avanzar en la lucha contra la corrupción y el crimen”, explica el reporte.
Expone TI que desde 2016, 27 de los 32 países tienen niveles de corrupción estancados.
“República Dominicana registró el avance más significativo en su capacidad para combatir la corrupción (CCC) y pasó del décimo lugar en 2021 al quinto en 2022, según la cuarta medición del Consejo de las Américas (Américas Society / Council of the Américas, por sus siglas en inglés)”, explica TI.
Agrega que el país caribeño avanzó +0,81 y obtuvo una puntuación de 5,19 para continuar en su trayectoria ascendente de dos años, que indica el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en 2022.
El mismo informe otorga a Costa Rica (+0,66) el segundo lugar con los avances más significativos en sus herramientas para combatir este flagelo, nación que también es la segunda, después de Uruguay, en tener la mejor posición en la evaluación de 15 países de la región.
El reporte desglosa que según el Consejo de las Américas, República Dominicana mejoró su puntaje global en un 18% desde 2021, impulsado por un crecimiento del 24% en la categoría de capacidad jurídica y avances significativos en las variables que evalúan la cooperación internacional y las agencias anticorrupción.
“Estos logros reflejan el compromiso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción desde que llegó al poder en 2020. Su administración ha propuesto una ley para promover la transparencia en los contratos públicos, ha instituido programas de cumplimiento en las instituciones públicas y ha promulgado una ley para simplificar la burocracia”, indica Transparencia Internacional.
A pesar de destacar los avances en la lucha contra la corrupción, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en 2022 destaca al mismo tiempo que el Ministerio Público (MP), el organismo que persigue las ejecuciones ilegales en funciones públicas, necesita más recursos para combatir el mal.
“En ese sentido, recordemos que la fiscal general, Miriam Germán Brito, ha pedido al Congreso Nacional más fondos para el Ministerio Público”, recuerda la entidad.
Refiere el reporte que en la Ley de Presupuesto General del Estado para la Procuraduría General de la República 2021 se aprobaron $7,005.6 millones de pesos, lo que significó una reducción de RD$4,709.4 millones respecto a la partida de 2020.
“La disminución en el presupuesto fue equivalente al 40%, según la denuncia del entonces Ministerio Público, que, para ese mismo año, solicitó la misma cantidad con la que se manejó en 2020: RD$11,715 millones. Finalmente, el Congreso Nacional elevó la partida a RD$10, 568, 591,559.91 millones en el Presupuesto Complementario en 2021”, afirma el informe.
Precisa que el Consejo de las Américas señala que investigaciones anticorrupción de alto nivel han continuado en el último año, como la Operación Coral y la Operación Anti Pulpo.
“Sin embargo, sostiene que esas investigaciones se han centrado principalmente en individuos vinculados a la administración anterior, lo que lleva a acusaciones de que estas investigaciones tienen motivaciones políticas”, puntualiza el reporte.
Dice que el Gobierno de Abinader también ha investigado presuntos actos de corrupción dentro de su propia administración y que el presidente es uno de los líderes políticos citados en la filtración de los Pandora Papers (Los Papeles de Pandora) en octubre de 2021, que detallan el uso de empresas en paraísos fiscales por parte de líderes políticos, y afirma que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
“La República Dominicana registró un aumento significativo en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, lo que indica que los ciudadanos continúan responsabilizando al Gobierno”, explica el reporte.
En cuanto a los temas que TI considera críticos a monitorear en República Dominicana, se hace eco de la posible reforma constitucional para que la Fiscalía General de la República Dominicana sea más independiente del Poder Ejecutivo.
“Aparte de la posible reforma, la actual fiscal general es generalmente considerada como una figura independiente”, cita el informe en esa parte.
Sostiene que el residente de la República Dominicana avaló el proyecto de ley de extinción de dominio conocido en el Congreso Nacional para devolver bienes robados al estado y bienes de procedencia ilícita.
La Unidad de Análisis Financiero evalúa el riesgo de lavado de dinero a nivel nacional antes de la posterior evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que concluye la descripción de la situación dominicana en su lucha contra la corrupción.
El país con el puntaje más alto en el Índice CCC 2022 es Uruguay (7,42 sobre 10), que ha ocupado el primer lugar durante tres años consecutivos. Uruguay es seguido por Costa Rica (7,11), Chile (6,88) y Perú (5,66); Estos dos países permanecen en los tres primeros lugares.
República Dominicana (5.19), en quinto lugar, es seguida por Argentina (5.04), Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45), México (4.05), Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).
El estudio indica que la mayor capacidad de la República Dominicana es la influencia de la sociedad civil y los medios de comunicación por encima de las instituciones legales, democráticas y políticas.
Liderando el ranking regional están Uruguay y Canadá, cada uno con un puntaje de 74, seguido por Estados Unidos con 69. En Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), los países con los puntajes más bajos, en los que es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y las actividades criminales, detalla el informe 2022 de Transparencia Internacional.
