Procuraduría General somete a justicia a fiscalizadora y agentes de la DNCD tras operativo en Villa Vásquez
La Procuraduría General de la República anunció que la fiscalizadora Carmen Lissette Núñez Peña y varios miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) serán procesados judicialmente por su participación en un polémico operativo en una barbería de Villa Vásquez. En el video viralizado, se observa cómo los agentes lanzan paquetes pequeños que parecen contener drogas dentro del establecimiento.
Medida de coerción: prisión preventiva por un año
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, informó que tras recopilar testimonios de los implicados y testigos, y realizar una exhaustiva investigación, solicitaron este jueves la medida de coerción de prisión preventiva por un año para los involucrados.
Además de Núñez Peña, también serán sometidos a la justicia los policías mayor Víctor Encarnación, capitán Juan de Dios Heredia, sargento Martínez Cuello y cabo Juan Peguero, quienes están detenidos y fueron presentados al Ministerio Público ayer.
Detalles del operativo y escándalo en Villa Vásquez
La noche del viernes 2 de agosto, aproximadamente a las 8:00 p.m., cuatro jóvenes que se encontraban en la Barbería El Maná en Villa Vásquez fueron sorprendidos por un allanamiento realizado por cinco agentes de la DNCD junto a la fiscalizadora de la zona.
Durante el operativo, los agentes supuestamente colocaron droga en el lugar, acción que quedó registrada en una cámara de seguridad. Este material audiovisual se difundió rápidamente en redes sociales, generando un escándalo que cuestiona la integridad y las actuaciones de las autoridades involucradas.
Impacto y repercusiones en la comunidad
El caso ha provocado una fuerte polémica en Villa Vásquez y a nivel nacional, poniendo en tela de juicio la transparencia de los operativos antidrogas y la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de velar por la ley.
La Procuraduría reafirma su compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción, asegurando que se aplicarán las sanciones correspondientes para preservar la credibilidad de las instituciones.
