El Estado dominicano presentó esta tarde una querella penal, con constitución en acción civil, en contra de 15 personas y 25 empresas ligadas a las pasadas administraciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Al entramado se les acusa de presunta estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos; asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Además de Jiménez Bichara, figuran como imputados Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, estos tres últimos cuñados y hermano, respectivamente, del ex presidente de la República Danilo Medina.
También están Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que alegadamente fueron parte del entramado «mafioso» contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias Edesur, Edenorte y Edeeste, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, expresó Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Un comunicado precisa que el equipo jurídico contratado, coordinado Miguel Valerio e integrado por otros abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las Edes, «con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación».
«Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas», precisa.
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