Por Pablo Vicente
Recientemente hemos estado viendo por las redes sociales actividades de recaudación de firmas con el propósito de proponer la eliminación del financiamiento público que reciben los partidos políticos, me parece que esta acción para nada contribuye con el fortalecimiento de la democracia y el sistema de partidos.
En las democracias, el financiamiento público de los partidos políticos es mucho más que un simple aporte económico; es una inversión en la equidad, la transparencia y la estabilidad y fortalecimiento del sistema de partidos. Aunque este mecanismo es frecuentemente objeto de críticas, su correcta implementación es esencial para garantizar la representación plural y evitar que el dinero ilícito entre a la política.
En muchos países latinoamericanos, incluido República Dominicana, el financiamiento público se ha convertido en un componente clave del sistema electoral y es un tema central en las democracias modernas. Este mecanismo busca garantizar igualdad de oportunidades en la competencia política, asegurando que todos los partidos, independientemente de su tamaño o de su capacidad para recaudar fondos privados, puedan participar en igualdad de condiciones, pero además busca reducir la dependencia de intereses privados y fortalecer la institucionalidad democrática, es evidente que también plantea retos importante relacionados con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos, si la lucha fuera esa, ahí estaría totalmente de acuerdo, pero jamás pensar en la eliminación total del financiamiento público.
Los partidos políticos tienen básicamente 4 formas en la que financian sus actividades, financiamiento público, financiamiento privado, cuotas de los miembros y actividades de recaudación. De toda ellas, las grandes preocupaciones tienen que ver con el financiamiento público, sobre ese particular la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en el artículo 23 como derechos de los partidos, acceder al financiamiento público para la realización de las actividades, de hecho, la misma ley plantea el cómo se deben de gastar esos recursos que reciben los partidos y destaca en el artículo 62, el 10% para educación y capacitación, 50% gastos administrativo y 40% apoyo a las a candidaturas a puestos de elección popular.
Es importante destacar, además, que el artículo 66 plantea que la supervisión de los recursos estará a cargo de una unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dependiente de la Junta Central Electoral.
Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, tienen que presentar cada año, ante la Junta Central Electoral, una relación pormenorizada de los ingresos y gastos, hasta seis meses después del cierre del ejercicio presupuestario del año correspondiente.
Decir “sí” al financiamiento público no implica una aceptación ciega, sino un llamado a perfeccionar su implementación. La democracia requiere partidos fuertes, transparentes y conectados con los ciudadanos, y el financiamiento público es una herramienta fundamental para lograrlo. Ahora bien, es deber de todos, desde la JCE, los partidos políticos y la sociedad civil, garantizar que estos recursos se usen de manera eficiente y en beneficio de un sistema político que represente verdaderamente los intereses de la población. Solo fortaleciendo este modelo y ajustándose a las exigencias de transparencia y eficiencia, podremos construir una democracia más equitativa y transparente.
