Por Miguel Ángel Cid
La Ley en este pedazo de isla, es como una ilusión óptica. A lo lejos, ves la línea divisoria entre el cielo y la tierra, al ¿acercarte? Ves la línea a una distancia igual a la inicial. Así acontece con las leyes en República Dominicana. Ni siquiera, una instancia autónoma del Estado como el Ayuntamiento tiene la fuerza para hacer que la justicia aplique “todo el peso de la Ley” en su caso.
En efecto, los espacios públicos de las ciudades son regulados por el gobierno de la urbe. La pregunta es obligatoria, ¿Quién es el gobierno de la ciudad? La respuesta es simple, ¡el Ayuntamiento!, dirigido por el Concejo de Regidores y el alcalde.
Así pues, toda acción a emprender sobre la ciudad debe contar con la anuencia de las autoridades competentes, que no son otras que las municipales. Esto, de ninguna manera quiere decir que se desconozcan las autoridades nacionales, dígase, el Congreso, las Cortes, y el Presidente de la república. Es en esencia, dejar establecido que a cada bloque de autoridad le corresponde regular y dirigir una parte de la actividad nacional, es una división saludable para el buen vivir de los ciudadanos.
En consecuencia, la lógica de gobernar bien consiste en saber asumir la parte del mando que corresponde a cada quien. Eso es precisamente lo que se le hace imposible a los gobernantes dominicanos. Aquí, cada quien, sin importar la posición que ocupa, se cree el jefe supremo del país y un “chin” más.
En ese sentido, en días pasados el Presidente Danilo Medina inauguró el “Parque Central de Santiago”. El mandatario entregó la dirección del Parque a un patronato encabezado por APEDI, una asociación privada, exclusiva de la oligarquía de Santiago. Es inadmisible que el alcalde de la ciudad sea uno más en el citado patronato.
El Parque Central es una obra de importancia capital para el esparcimiento de los munícipes santiagueros. En el ámbito de la necesidad de un pulmón urbano es nodal. Santiago llevaba años en espera del Parque Central. El Parque, sin duda alguna es un espacio público. En esta última aseveración se hace imperativa la otra pregunta:
¿Si el Parque Central de Santiago es un espacio público, por qué no está bajo la dirección del Ayuntamiento?
En el principio queda clarito que el Ayuntamiento es el responsable de regular y gobernar los espacios públicos de la ciudad. Y sigo cuestionando:
¿Por qué, si la oligarquía santiaguera se precia de decir que son liberales y que creen en el desarrollo inclusivo, se hace parte de una acción eminentemente retrógrada?
¿Por qué, siendo Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago no exige su rol en el patronato, siendo él tan aguerrido y contestatario?
Tal parece, que los dominicanos tendremos que esperar otra colonización para que el imperio de la Ley sea una realidad, cuando menos en una proporción mínima. Esa repoblación deberá traer nuevos esclavos y en consecuencia, nuevos amos. Quizás, sea esta la única forma de que llegue una nueva independencia sin Santana, sin Trujillo, sin Balaguer, sin Leonel ni Danilo. Ni decir, que ese proceso puede ser la fórmula para desprendernos de unos partidos políticos que están en todas, menos en misa.
Un país donde todos son jefes es imposible lograr echar adelante un proyecto de nación. Hacer eso requiere de voluntad política y deseos inmensos de valorar al ciudadano en su dimensión humana más profunda. Santiago, en el caso particular, requiere de una élite capaz de obrar en su beneficio pero también de emprender iniciativas para provecho de toda la ciudad. ¡Ahí Dios!, las interrogantes son interminables.
¿Seguirá en manos privadas el Parque Central de Santiago?
Miguel Ángel Cid
Twitter: @miguelcid1
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