El general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, compró un apartamento en Samaná valorado en medio millón de dólares, el cual pagó en efectivo y sin financiamiento, según establece la acusación del Ministerio Público.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien guarda prisión domiciliaria por el caso Coral, dijo durante un interrogatorio realizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que Robiou compró el inmueble a través de una empresa de la pastora Rossy Guzmán para no levantar sospechas.
“Todo eso fue hecho para distraer el bien y borrar el rastro del propietario real, el cual es el imputado General Juan Carlos Torre Robiou, puesto que el mismo no tendría forma alguna de justificar la compra en efectivo, y sin financiamiento”, dijo Girón en el interrogatorio.
La acusación presentada por la Pepca en contra de Robiou señala que “los testigos David Abreu Padilla, Migel Cancu, Jacobo Horacio e Israel Blanc Hernández, reconocen el inmueble de Balcones del Atlántico como propiedad del imputado Juan Carlos Torres Robiou. El documento establece que Robiou llegó a pagar mantenimientos del apartamento con dinero que salía del Cestur.
Añade que los fiscales encontraron 75 conversaciones a través de WhatsApp en el celular del vendedor del apartamento con el general Torres Robiou, el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán , las cuales “evidencian que realmente el apartamento es del general Juan Carlos Torres Robiou”.
En la acusación los fiscales explican que Robiou utilizó la empresa Único Real State e Inversiones SRL, propiedad de la pastora Rossy Guzmán para adquirir un apartamento “suntuoso” en el condominio Balcones del Atlántico, ubicado en Las Terrenas, provincia Samaná.
Contratos millonarios de combustibles
Los contratos ficticios que tenían los militares de la red corrupción Coral 5G para suplir combustibles al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) asciende a RD$29 millones.
Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Publico donde se indica que los militares recibían el pago de los contratos de combustible que no fue entregados, así defalcando el erario a través de Estación de Combustible La Marinita.
Siendo su gerente y administrador de la estación el imputado César Félix Ramos Ovalle, y fue beneficiada de una licitación para suplir ticket de combustibles, que no entrego, sabiendo que se trataba de un desfalco al Estado.
Las licitaciones fueron realizadas de forma viciada, por no cumplir con el procedimiento establecido por la norma, porque los ganadores eran elegidos por el director financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza (codinomes NDA), y autorizado por oficial el imputado el general Juan Carlos Torre Robiu (codinomes D1).
Los contratos que obtuvo la estación de combustibles oscilaban entre seis millones a 10 millones de pesos, ese dinero que recibían los implicados de la red Coral 5G lo utilizaban para la adquisición de bienes e inmuebles de lujos y costoso.
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