Bartolo García
SANTO DOMINGO, RD.– A un mes del colapso de la discoteca JetSet, el dolor persiste en Haina, el municipio que más muertos ha aportado a la tragedia nacional. Veinticinco de sus vecinos fallecieron bajo los escombros de un techo que se desplomó sin aviso, dejando un saldo total de 233 víctimas fatales y cientos de heridos. La población aún exige justicia, pero no encuentra una respuesta clara sobre los responsables.
Anastacio Peguero fue uno de los sobrevivientes. Todavía recuerda con detalle la madrugada del 8 de abril: el canto de Rubby Pérez, la arenilla que cayó del techo, el estruendo, y luego el silencio entre los gritos de auxilio. Bajo los escombros, buscaba con desesperación a su hija Clarisleny, de 20 años. Nunca la encontró con vida.
Haina, a unos 30 minutos de la capital, vive un duelo colectivo. Es una comunidad que ha perdido mucho, y que en cada calle, en cada esquina, recuerda a quienes ya no están. Vecinos, amigos, familias enteras afectadas, no solo por el dolor físico, sino por la carga emocional de una tragedia que se pudo haber evitado.
La indignación crece en medio de la ausencia de responsables claros. Aunque la ley dominicana contempla mecanismos para fiscalizar infraestructuras, no hubo ninguna inspección oficial en la JetSet en las últimas tres décadas, según confirmó su propietario, Antonio Espaillat. La responsabilidad compartida entre el Estado y el dueño es un punto que expertos como Omar Rancier señalan como causa del desastre.
La Fiscalía ha recibido al menos 25 querellas formales, muchas de ellas híbridas: buscan sanción penal, pero también compensación económica. El abogado Félix Portes, que representa a varias víctimas, denuncia una falta de acción concreta y acusa tanto al Estado como a Espaillat de evadir responsabilidades.
La reacción del Gobierno ha sido calificada por los afectados como tibia. Aunque el presidente Luis Abinader se pronunció sobre un supuesto vacío legal, los sobrevivientes insisten en que sí hay mecanismos vigentes que no se aplicaron. En Haina, ninguna de las familias afectadas ha recibido asistencia económica para costear tratamientos médicos o reemplazar los bienes perdidos.
Espaillat, en su única entrevista concedida hasta el momento, negó cualquier negligencia y aseguró estar en contacto con algunas familias para “ver cómo ayudar”. Sin embargo, muchas voces reclaman que ese acercamiento ha sido insuficiente y tardío.
De los 23 empleados que trabajaban la noche del colapso, seis fallecieron. El hijo de uno de ellos ya ha interpuesto una demanda millonaria, exigiendo cárcel e indemnización. Los rumores sobre fallos estructurales, advertencias previas y comentarios en redes sociales sobre “arenilla” del techo alimentan la percepción de una tragedia anunciada.
El luto ha transformado la vida cultural de Haina. El grupo de adultos mayores “Haineros Dorados” perdió a once de sus miembros. Su presidente, Héctor Rincón, recuerda que todos fueron invitados a la fiesta de cumpleaños que terminó en desastre. Algunos no asistieron por razones personales; hoy agradecen a Dios haber faltado.
Para Segundo Maldonado, encargado de la Casa de la Cultura de Haina, la tragedia también ha sido emocionalmente devastadora para quienes trabajan con jóvenes y niños. “Los políticos prometen psicólogos a los familiares, pero ¿quién nos ayuda a nosotros, que también perdimos parte de nuestro pueblo?”, se pregunta.
En la casa de los Peguero, una fotografía de Clarisleny decora la fachada. La recuerdan alegre, estudiosa y luminosa. “Era como una lucecita de Navidad”, dice su tía Sorayda. La comunidad se ha volcado en homenajes, entre ellos, encender velas, colocar flores y reproducir canciones de Rubby Pérez frente a las ruinas de la discoteca.
La escena en los alrededores del colapso sigue siendo un recordatorio del dolor. Las vallas publicitarias del último concierto permanecen en pie, y cada nuevo visitante agrega una flor, una nota o una vela a los memoriales improvisados. La justicia, sin embargo, no ha llegado.
“Esto no es solo el dolor de unas familias. Es el dolor de un pueblo entero”, dice Maldonado. “Nos arrebataron amigos, talentos y memorias. Y lo hicieron por negligencia, por indiferencia o por falta de voluntad”. Las palabras se repiten en cada entrevista, en cada casa visitada por este diario.
La esperanza es que el caso no quede impune, que la memoria no se borre con el tiempo. “Yo solo pido que no se nos olvide esto y que no vuelva a pasar jamás algo así”, concluye Anastacio Peguero. “Se llevaron a mi hija, y con ella todos los sueños que tenía. No nos vamos a olvidar”.
Con información de elpaies.com
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