NOOR MAHTANI
elpais.com
Antes de las cinco de la mañana empieza a formarse la fila. Miles de haitianos aúnan sus bolsas de mercado y arrastran carretillas y cubos vacíos que volverán repletos de comida, medicinas y ropa. Todo lo que últimamente es imposible encontrar en Haití. Otros cargan en la cabeza sacos repletos de mercancía para vender y alimentar a sus familias un día más. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Y paciencia. Mucha paciencia. Desde que a las ocho de la mañana los oficiales del Cesfront —Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre— abran la frontera de Dajabón, uno de los cuatro pasos que conectan el país con República Dominicana, todo empezará a pasar demasiado rápido.
Una marea de hombres se apresuran entre empujones y tropiezos con un código de barras en mano. Los que no tienen el control biométrico esperan a que les tomen las huellas y fotos, o simplemente se cuelan. Un militar empuja la verja para impedir el flujo incontrolable mientras grita en creole: “Dousman, dousman (despacio, despacio). ¡Parecen animales!”. Otro les asusta con un taser. Decenas de niños se meten corriendo entre los oficiales. Todos tienen prisa por llegar al mercado binacional y aprovechar el día de compraventa hasta que a las cinco de la tarde les toque volver a Haití. Mientras los primeros se van instalando en los casi 25.000 puestos, va llegando el primero de los seis camiones de deportación que expulsarán este viernes a 434 haitianos. Las deportaciones en República Dominicana son un goteo constante, incluso a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales. El mercado fronterizo de Dajabón es la tensión hecha costumbre. Y el suspiro profundo de quien está fuera y no dentro de esas celdas sobre ruedas.
En esta frontera fue donde más se recrudeció la política migratoria en la isla. A principios de septiembre se dio a conocer la construcción de un canal del lado hatiano que desviaba agua del Río Masacre —un recurso compartido entre ambos estados—. Para el Gobierno de Luis Abinader, esto violaba el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y terminaba de crispar las relaciones entre ambas naciones. El 11 de septiembre, anunció el cierre y la militarización de la frontera y la suspensión de expediciones de visas a haitianos. Si bien llevaba tres años deportando en caliente a migrantes —el propio mandatario apunta que ha multiplicado por diez los operativos de detención— este episodio se convertía en la excusa para seguir perpetuando el discurso antihaitiano y justificar así las deportaciones masivas. Solo el año pasado, se expulsaron a 251.000 personas, según la Dirección General de Migración de República Dominicana. Esta entidad no ha respondido a las peticiones de entrevistas de este medio.
En un país de alrededor de 11 millones de habitantes, con una población haitiana residente inferior a un millón, varios activistas se preguntan qué tan real es esa “avalancha” de migrantes de la que habla el presidente, que muy probablemente será reelegido este domingo 19 de mayo. Simón Rodríguez, periodista e investigador dominicano, asegura que este discurso no le pasará factura. Al contrario: “Los tres candidatos presidenciales con mayor intención de voto en las encuestas comparten una orientación general basada en tópicos como la supuesta amenaza de la inmigración a la identidad y la soberanía. En este marco de consenso, todos compiten por aparecer como la más extrema. Es una maniobra electoralmente redituable”. Sin embargo, esta es una cara del problema. Ser vecinos del país con mayor inestabilidad social y más pobre de Latinoamérica es para muchos dominicanos una amenaza a su seguridad. Lenin González, conductor, recuerda cuando después del terremoto de 2010 República Dominicana acogió y envió ayuda humanitaria a Haití. “Ahora es diferente, no sabemos quiénes son los que están entrando”, cuenta. “No es que seamos los malos, es que tenemos miedo de que acabemos igual que allá”.
El temor de algunos y el racismo de otros han aplaudido las políticas de Abinader quien, en febrero de 2022, guió las primeras maniobras de construcción de una “verja perimetral inteligente” que pretende blindar casi 200 kilómetros de los 391 de la frontera con Haití. “Vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional”, ha repetido una y otra vez. El discurso trumpista del muro es una de sus principales propuestas electorales.
Para Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, el recrudecimiento de las medidas es “de facto racista”: “El volumen de detenciones es enorme. Y los operativos migratorios se realizan de noche o madrugada, por cualquier fuerza pública que, a veces ni se identifica, e incluso frente a los trabajos de los migrantes en los días de paga, para asegurarse de pillarlos. El impacto de esto es inmenso; es similar a las políticas migratorias de Estados Unidos”.
Es por eso que en un municipio de Monte Cristi, al noroeste del país, nadie duerme en su casa. Ni siquiera Suze (nombre ficticio) una joven haitiana de 20 años, madre de un bebé de seis meses. Ambos llegaron hace cuatro meses a República Dominicana para vivir con su hermano en una pequeña caseta con techos de zinc. Las 200 chabolas que pueblan este pequeño terreno de invasión —que prefieren que no se nombre en el reportaje— se quedan vacías a partir de las siete de la tarde, cuando todos salen con alguna sábana y juguetes de los niños hacia el monte a pasar la noche. “Han llegado a venir [los oficiales de migración] hasta tres veces al día. Y muchas veces de madrugada. Tiran la puerta abajo y meten a todos los que pillen en el camión”, dice. “Por eso preferimos dormir en la montaña, pero me paso toda la noche rezando para que no llore el bebé y no nos descubran”.
“Les da igual los derechos humanos”
República Dominicana instauró un apartheid”, explica Roudy Joseph, portavoz del colectivo HaitianosRD, “existe una obsesión por excluir a todo el que es haitiano o lo parece”. Preguntado sobre las denuncias de abuso de fuerza y violaciones de los agentes de migración, el activista es muy claro: “No son excepciones. La política está basada en que da igual que se violen los derechos humanos, pero los haitianos no pueden estar en República Dominicana. Da igual cómo pero los tienen que sacar”. Actualmente, Haitianos RD está investigando el homicidio de Dorcan Fritznel, un haitiano de 38 años muerto presuntamente por la policía en un operativo migratorio.
Las deportaciones de República Dominicana son la punta del iceberg de un goteo de medidas para frenar a cualquier costo la migración. Hasta hubo una sentencia que buscaba desnacionalizar a los dominicanos de ascendencia haitiana desde 1929. La sentencia 168-13 fue una norma retroactiva que anuló los documentos de unas 90.000 personas de la primera generación (y que afectó a más de 133.000 incluyendo a los hijos y nietos de estos) que de la noche a la mañana quedaron desamparadas. Esta es una cifra moderada a ojos de las organizaciones de derechos humanos, quienes apuntan que hay miles de dominico-haitianos que nunca fueron registrados. Y, aunque no consten en estas estimaciones, la norma también les cerraba la puerta a cualquier posibilidad de pedir la nacionalidad. Así, de acuerdo al Centro de Estudios Migratorios, más de 130.000 personas quedaron en situación de apatridia; ya que muchos ni siquiera habían pisado el país vecino. Este episodio, descrito por la CIDH como “una situación de apatridia de una magnitud nunca antes vista en las Américas” fue la herencia de todo lo que vino después.
Uno de los afectados fue Alberto Pierre. Este mototaxista de 36 años nació en Monte Plata, al noroeste de República Dominicana, en una familia de campesinos haitianos que emigraron al otro lado de la isla siendo menores de edad. Cuando nació Pierre, sus padres no solicitaron los papeles para acceder a la nacionalidad ni en República Dominicana ni en Haití y creció sin documentos, en condición de apatridia hasta hoy.
“Mi vida está suspendida”
Ni vacunas, ni graduación, ni estudios superiores, ni boda. Los limitantes para acceder a sus derechos como ciudadano empezaron cuando era apenas un niño. En el 2014, Pierre decidió unirse al plan de naturalización del Gobierno de Danilo Medina (Partido de Libración Dominicana, PLD), que pretendía enmendar la oleada de críticas que recibió la sentencia 168-13 y restituir la nacionalidad de quienes se vieron afectados. Así, logró avanzar en la primera fase de sus primeros documentos de identidad con 26 años, pero el resultado fue agridulce: la ciudadanía nunca llegó, solo una cédula que apuntaba que su nacionalidad es haitiana y que “no vota”. “Es muy frustrante para mi que mi patria me trate así, como si fuera enemigo del pueblo. Estoy en un limbo jurídico. Mi vida está suspendida por todo esto”, dice.
Sus documentos caducaron en 2021 y desde entonces le ha sido imposible renovarlos dado que la oficina que se encargaba de ello lleva cerrada desde la pandemia. El estado de irregularidad al que empujó este cierre le costó una detención el 12 de noviembre de 2023, por la que estuvo detenido en uno de los buses con barrotes (conocidos como guaguas-cárceles) cuyo destino final son fronteras como la de Dajabón. “No sirven ni para tratar ganado”, explica avergonzado. “Tanto ahí como en el centro de detención de Haina hay orines y excrementos en el suelo y los agentes maltratan a todos. Es inhumano”. El relato de Pierre también lo han experimentado una decena de testimonios que ha recogido EL PAÍS. “Sentí mucha rabia e impotencia de pensar que si no hubiera tenido contactos me habrían deportado a un país que no conozco”, critica. “La enmienda de 2014 fue una trampa y un círculo vicioso”. Se calcula que apenas 799 personas como Pierre, que no habían sido declarados, lograron ser naturalizadas. Actualmente, ninguna de ellas cuenta con documentación individual que pruebe su ciudadanía dominicana.
Patricia Santana, abogada constitucionalista, define la medida con esta misma palabra: trampa. “A las poquitas personas que intentaron naturalizar se les inscribió en un libro de registro separado. El próximo político que decida declarar la naturalización como un proceso inconstitucional lo tiene tan fácil como quemar esos papeles. Esto es un apartheid registral muy peligroso”, zanja. Hoy, dice Pierre, lo que más le pesa es no haber podido cursar Pedagogía y repetir la historia con suhija, una niña de dos años cuya madre también es apátrida. “Ojalá no pase por todo lo que yo pasé”, lamenta, “pero ahora todo es mucho más hostil que antes. Ese odio a los haitianos ha tomado fuerza porque el Estado le dio validez a un discurso ultranacionalista”.
“Es una persecución por el color de piel”
Es precisamente este discurso y el perfilamiento racial el que ha obligado a Djobanie Ocean a dejar sus estudios para no tener que recorrer 60 kilómetros desde su casa a la universidad y a moverse “lo justo”. Y también la razón por laque Joseph (nombre falso), con visa de estudiante, fue retenido durante más de cuatro horas en el centro de detención de Haina. Ambos miran el móvil preocupados cuando suena una nueva notificación de WhatsApp. Desde hace unos meses, están en varios grupos con cientos de personas que avisan del minuto a minuto de las redadas de la policía. “Me siento como si fuera un delincuente. Esto no es una política migratoria, es una persecución por el color de piel”, dice Ocean. De hecho, la embajada de Estados Unidos alertó en un comunicado dirigido a afrodescendientes y “estadounidenses de piel más oscura” que varios viajeros habían denunciado “haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel”.
En el bullicioso mercado de Dajabón todo pasa demasiado rápido. En este rastro, en el que se puede conseguir desde neveras e isulina hasta antiguedades y ropa de marca, ni Marie Francois ni Adrié Michel quieren pensar en el racismo del que son víctimas todos los días. La energía de ambos está centrada en vender mochilas y jugos. En regresar con algo de dinero al otro lado de la verja y, sobre todo, poder volver a la siguiente.
