Red de Observadores para la Institucionalidad expresa preocupaciones sobre el nuevo reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura

Santo Domingo. – La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), una coalición de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, ha emitido su evaluación sobre el recientemente publicado reglamento No. 1-25 que rige el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), después de una minuciosa revisión. Según la ROI, este nuevo reglamento, que modifica la Ley No. 138-11 conforme a la Ley 1-25, no presenta cambios sustanciales y podría ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional debido a ciertos artículos.

En su análisis, la Red destacó la incorporación de un buzón virtual como mecanismo de participación ciudadana, aunque mostró escepticismo sobre su implementación efectiva, recordando la ineficacia de iniciativas similares en el pasado. La ROI urgió a garantizar el acceso equitativo a la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional para que este recurso resulte verdaderamente efectivo.

Además, la organización reiteró su llamado a la transparencia, expresando preocupación por la falta de publicación de las actas de las reuniones del CNM. Estas actas son cruciales para el entendimiento público del proceso de selección y la evaluación de candidatos a cargos judiciales.

La Red se mantendrá vigilante de las próximas propuestas del Presidente de la República para los cargos de procurador o procuradora general y sus adjuntos. Valoró positivamente la posibilidad de celebrar vistas públicas antes de la confirmación de estos nombramientos por parte del CNM, como un paso hacia una mayor transparencia y participación pública en el proceso.

ROI, que incluye a entidades como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), se compromete a seguir promoviendo la integridad y la justicia en la selección de los miembros de las Altas Cortes, en línea con su misión de fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho en la República Dominicana.