Santo Domingo, RD.-

El Estado tiene 511 farmacias del pueblo diseminadas en todo el territorio nacional, la mayoría de estos establecimientos están ubicados en los alrededores de los hospitales y en comunidades pobres del país.

De su lado, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas negó que sus asociadas envíen afiliados a dos grandes cadenas farmacéuticas como denuncian la Unión de Farmacias y la Asociación de Dueños de Farmacias.

Al tema se refirió también Antonio Peña Mirabal, director del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese).

Ambas partes se refirieron a pronunciamientos del sector farmacéutico en lo relativo a las amenazas que tiene el sector, por parte de las aseguradoras de salud, las que supuestamente estarían compitiendo con las farmacias comerciales del sector privado. Lo propio ocurre con farmacias populares que reciben medicamentos por vía poco regulada y lo venden a precios poco competitivos.

Farmacias en todo el país

El país tiene 157 farmacias del pueblo en los hospitales, 267 en igual número de unidades de atención primaria, existen además y 87 farmacias comunitarias, las cuales fueron autorizadas por el Ministerio de Salud.

Peña Mirabal defendió la labor del Estado y aseguró que está sustentada en la Constitución de la República, la cual, en su artículo 61, establece el acceso de la gente a medicamentos y a la salud en general.

Para el director de estas farmacias, no hay competencia, porque las grandes cadenas de farmacias no llegan a los lugares donde están las del Estado, que cumplen un deber constitucional de acceso a medicamentos.

Competencia y regulación

Para las asociaciones de dueños de las más de 5,000 farmacias privadas que tiene el país, las farmacias del pueblo forman parte de la competencia desleal que tiene el Gobierno, lo mismo que la falta de regulación.

Peña Mirabal asegura que para el Gobierno, la entrega de medicamentos a la población más pobre es parte de su responsabilidad, y de un mandato constitucional.

Dice que el 99% de los medicamentos que dispensa Promese son genéricos y no compiten con los establecimientos del mercado privado, por lo que no entiende las quejas. La otra amenaza la constituye el mercado ilícito de medicamentos falsos.