Productor agrícola denuncia allanamientos ilegales en finca de Montecristi
Acusa a fiscalizadora Carmen Lisset Núñez y a procuradora regional por falta de resultados en investigación
Narciso Pérez
Montecristi, RD.- Un productor agrícola y propietario de una factoría de arroz en el municipio de Castañuelas, Montecristi, denunció que entre 2015 y 2016 la entonces fiscalizadora Carmen Lisset Núñez allanó su finca en tres ocasiones sin contar con una orden judicial.
Jamil Cortés informó a Diario Libre que presentó una querella contra Núñez y la procuradora regional de la Corte de Apelación, Johanna Bejarán, ante un juez de apellido Montilla, quien posteriormente falleció.
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“Nunca me entregaron el resultado de la investigación que abrieron, a pesar de que me presenté varias veces en el Palacio de Justicia”, afirmó Cortés.
El productor explicó que la fiscalizadora buscaba en su finca semillas para la siembra de arroz, alegando que estas habrían sido adquiridas violando regulaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana.
“Ella ingresó con un grupo de agentes policiales buscando supuestas semillas ilegales, y lo hizo sin ninguna orden judicial”, puntualizó Cortés.
Aunque no le exigieron dinero, se rumoraba que Núñez actuaba así para obtener beneficios de algunas compañías comercializadoras de semillas.
Dirigentes comunitarios exigen revisión de casos de jóvenes presos por drogas en Villa Vásquez y Montecristi
Varios líderes comunitarios del municipio de Villa Vásquez solicitaron a la Procuraduría General de la República la revisión urgente de decenas de casos relacionados con drogas que mantienen presos a más de 80 jóvenes en cárceles de esa zona y Montecristi.
José Luis Vargas, presidente de la Junta de Vecinos, denunció que muchos ciudadanos están detenidos sin justificación, siendo víctimas de abusos de poder por parte de la fiscalizadora Núñez y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Por su parte, Persio Álvarez aseguró que más del 90% de los casos de drogas deberían ser revisados, ya que fueron manipulados tanto por fiscales como por policías.
Maritza Peña y Wanda Nova Ortega señalaron que la práctica de “poner droga” a detenidos es una vieja costumbre en esta región y en otras partes del país.
Recordaron el caso del dirigente popular Juan Comprés, quien fue víctima de esta acción en Moca hace varios meses.
Tras la difusión del video del allanamiento en la barbería El Maná, la población continúa exigiendo la eliminación de los puntos de drogas que operan en diferentes sectores urbanos y rurales de la provincia.
Este caso pone en evidencia la necesidad de transparencia y justicia en los procesos judiciales relacionados con la agricultura y la lucha antidrogas en Montecristi y sus municipios vecinos. La revisión de estos casos podría marcar un precedente para proteger los derechos de los ciudadanos afectados.
