A los demás les dictaron prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y garantía económica
La jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 15 de un grupo de 23 implicados en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en esta ciudad y otros puntos del país mediante la Operación Falcón.
Asimismo, la magistrada declaró el caso complejo; impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra seis de los imputados y garantía económica de RD$5 millones y RD$15 millones, respectivamente, a dos más de los vinculados a la red criminal.
Los implicados con prisión preventiva son; el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), María Olimpia Tavárez Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano), Erich Fernando Meléndez Gómez, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), y Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente).
Además, Luis Daniel Nieves Batista, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña), Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Felipe Espino Germán y Elva Teresa Polanco.
Los imputados guardarán prisión en los Centros de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, de Santiago, así como en La Isleta, de Moca, El Pinito, de La Vega, Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, entre otras cárceles de la región Norte del país.
El arresto domiciliario fue para Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Javier Antonio Tavárez, conocido como José Checo, Angélica Maldonado, Ana Margarita Collado, Andrés Guzmán Collado y Juan Carlos Durán.
La presentación periódica y una garantía económica de RD$15 millones fue impuesta a Juan Bautista Carpio Reynoso y la garantía de RD$5 millones a Raúl Antonio Castro Mota.
La procuradora adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que en la decisión que se ha dado el tribunal ha dejado por establecido que esta es una acusación en grado de imputación criminal, por la fase grave y que el Ministerio Público la ha acreditado con pruebas suficientes.
Algunos abogados de la defensa, entre ellos Pantaleón Mieses, dijeron que apelarán la decisión de la jueza Iris Borgen Santana por considerar que fue injusta contra algunos de los imputados, en especial a los que les impusieron garantías económicas millonarias que no pueden pagarlas.
Por José Alfredo espinal
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