Presidente del Tribunal Constitucional reafirma defensa de la Constitución dominicana ante decisión de la Corte IDH
Santo Domingo, RD.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, afirmó este lunes que ningún organismo nacional o internacional puede exigir o imponer al tribunal la violación de la Constitución dominicana ni el desconocimiento de los procedimientos constitucionales vigentes.
Esta postura, explicó, es fundamental para evitar la subversión y el quebrantamiento del orden constitucional y del Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Carta Magna.
Contexto sobre la sentencia TC-0256/14 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En declaraciones oficiales respecto a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la sentencia TC-0256/14, el magistrado Ray Guevara recordó que el Estado dominicano mantiene la potestad, respetando los procedimientos constitucionales, de adherirse a instrumentos internacionales de cooperación, integración regional o protección de derechos fundamentales.
Asimismo, reafirmó que el Tribunal Constitucional actuó con estricto apego a la Constitución y a la Ley Orgánica del tribunal, así como a los procedimientos constitucionales establecidos.
El núcleo de la decisión
El presidente del TC aclaró que la decisión no cuestiona el derecho de los poderes públicos dominicanos para adherirse a la Corte Interamericana. El punto central fue que no se agotó el procedimiento constitucional obligatorio, un requisito que el tribunal ha establecido como precedente en casos anteriores.
Este criterio se aplicó previamente en la Ley núm. 91 del 3 de febrero de 1983, que creó el Colegio de Abogados, y en la sentencia que declaró inconstitucional el Código Penal debido a irregularidades en su proceso de aprobación.
Declaraciones completas del magistrado Milton Ray Guevara
“El Tribunal Constitucional, conforme al artículo 184 de la Constitución dominicana, tiene la misión de garantizar la supremacía constitucional, defender el orden jurídico y proteger los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas, irrevocables y generan precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.
Las competencias del tribunal están definidas en el artículo 185, que incluyen acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de tratados internacionales, resolución de conflictos entre poderes públicos y otras materias legales.
La Suprema Corte de Justicia, como corte constitucional bajo el artículo 67.1 de la Constitución de 2002, recibió en 2005 una acción directa contra la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acción que nunca fue resuelta y fue heredada por este tribunal en 2012.
En la sentencia TC/0256/14, del 4 de noviembre, se declaró la inconstitucionalidad de dicho instrumento, considerando que tiene fuerza jurídica similar a un tratado internacional. Por ello, no puede ser aprobado únicamente por el Poder Ejecutivo, sino que debe contar con el contrapeso de los otros poderes estatales, especialmente por tratarse de la transferencia de competencias jurisdiccionales a una corte internacional.
Este tribunal comparte plenamente los principios y valores de la Convención Americana de Derechos Humanos, que seguirán siendo aplicados y respetados por nuestra jurisdicción. El Estado dominicano conserva siempre la potestad, respetando los procedimientos constitucionales, de adherirse a instrumentos de cooperación regional y protección de derechos fundamentales.
Ningún organismo puede imponer al Tribunal Constitucional la violación de la Constitución ni el desconocimiento de los procedimientos legales, pues ello significaría la subversión del orden constitucional y el desconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.
El tribunal actuó con total apego a la Constitución y la Ley Orgánica, y la decisión no limita el derecho de los poderes públicos dominicanos para adherirse a la Corte Interamericana. El núcleo de la decisión fue la falta de agotamiento del procedimiento constitucional, precedente establecido en casos como la Ley 91-83 del Colegio de Abogados y la inconstitucionalidad del Código Penal por vicios en su aprobación.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es un instrumento vivo para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas en diversos ámbitos: nacionalidad, feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuales, cuotas afirmativas, reforma agraria, expropiación, educación, patrimonio ecológico, debido proceso, derechos de los envejecientes, autonomía de órganos constitucionales, equidad de género, recursos naturales, patrimonio nacional y seguridad social, entre otros.
El Tribunal Constitucional dominicano representa al Grupo América en el Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un foro internacional que agrupa a 114 magistraturas constitucionales de cinco continentes. Es reconocido por su destacada labor en la promoción de la educación y cultura constitucional, promoviendo el desarrollo del derecho constitucional en el país, en cumplimiento del artículo 35 de su ley orgánica.
En este mes de abril, al conocerse la resolución de la Corte IDH del 12 de marzo de 2019 sobre supervisión de sentencias y competencia, recordamos con respeto patriótico la epopeya del 24 de abril de 1965, cuando el pueblo dominicano defendió con sangre y sacrificio el orden constitucional y la vigencia de la Constitución de 1963, protagonizando la más hermosa revolución de América: la revolución constitucionalista.”
Dr. Milton Ray Guevara
Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
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