Bartolo García
Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto de ley que busca modificar y endurecer la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional.
La propuesta legislativa forma parte de un paquete de acciones anunciadas el pasado domingo 6 de abril por el mandatario dominicano, quien destacó la necesidad de reformar el marco legal vigente en materia migratoria. Esta es la cuarta medida anunciada, que el Ejecutivo cumple con celeridad mediante su sometimiento formal ante el Congreso Nacional.
El proyecto contempla un aumento sustancial en las penas por el delito de tráfico ilícito de migrantes. La sanción pasaría de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un nuevo rango de 12 a 20 años de prisión y multas que oscilan entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía.
Peralta Romero explicó que la iniciativa modifica de forma puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley actual. Entre los principales cambios se encuentra la ampliación de la definición del delito y la incorporación de elementos constitutivos que facilitarán su persecución por parte del Ministerio Público.
En el artículo 5, se introduce la tipificación del delito por omisión. Es decir, serán penalmente responsables aquellos que, teniendo el deber legal o un vínculo con la víctima, omitan actuar para prevenir el daño. Se contemplan casos específicos como la asunción voluntaria de protección o la creación previa de situaciones de riesgo.
La reforma al artículo 6 redefine la participación del cómplice, estableciendo claramente las condiciones bajo las cuales un individuo que no ejecuta directamente el delito puede ser sancionado con penas similares al autor principal.
En el artículo 7 se agregan nuevas circunstancias agravantes, incluyendo el uso de armas, la edad o condición de la víctima, y si el delito resulta en lesiones graves o la muerte. En estos casos extremos, las penas podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos del sector público.
“Este proyecto de ley busca enviar un mensaje claro: en República Dominicana no se tolerará el tráfico de migrantes. Queremos proteger a los más vulnerables y castigar de forma ejemplar a quienes lucran con el sufrimiento humano”, afirmó Peralta Romero durante el acto de entrega del proyecto.
El funcionario explicó que uno de los problemas actuales de la legislación es la falta de precisión en la definición del delito, lo que limita la efectividad de las autoridades judiciales para sancionar este tipo de crímenes.
Además, destacó que esta propuesta legislativa se alinea con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, al tiempo que refuerza los esfuerzos nacionales para proteger la seguridad y el orden público.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró la iniciativa como una respuesta firme ante una problemática que genera creciente preocupación en la población. “Esta reforma será debatida y aprobada con la urgencia que amerita. La soberanía y la seguridad nacional están por encima de cualquier otra consideración”, subrayó.
El proyecto será sometido a las comisiones correspondientes del Senado para su estudio y posterior conocimiento en el pleno. De los Santos aseguró que la pieza legislativa contará con el respaldo de la mayoría de los senadores.
La medida forma parte del plan del Gobierno para afrontar la crisis migratoria en la frontera con Haití, ante el colapso institucional de ese país y el avance de las bandas criminales que generan inestabilidad en la región.
Con esta reforma, el Poder Ejecutivo busca dotar al Estado de herramientas jurídicas más contundentes para perseguir el tráfico de migrantes, proteger los derechos humanos y asegurar la estabilidad social de la República Dominicana.
