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Por JUAN T H

Altice

Con el paso del tiempo, todo parece indicar que en el país se ha producido otro “borrón” del sistema de justicia. Lo que aun no sé, supongo que no, es si abrimos “otra cuenta nueva” en la página histórica de la corrupción que comenzó hace ya más de 500 años sin que nadie, ningún gobierno, haya garantizado la eliminación del flagelo que mantiene en el atraso más abyecto a la República Dominicana, porque la corrupción les roba a los dominicanos su presente y su futuro.

Durante la campaña electoral el Partido Revolucionario Moderno y su candidato, Luís Abinader, prometieron terminar con la corrupción enviando a los tribunales a los depredadores. Diversas organizaciones políticas y sociales se movilizaron en la Plaza de la Bandera y en todo el territorio nacional en reclamo del cese de los recursos públicos que alcanzó niveles sin precedentes durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Los cinco gobiernos del PLD, tres de Leonel Fernández, dos de Danilo Medina, fueron, sin lugar a dudas, los más corruptos desde la dictadura de Trujillo. Organismos  nacionales e internacionales evidenciaron los altísimos niveles de robos de los dineros del pueblo. Fuimos considerados como uno de los países más corruptos del mundo.

Luís Abinader, ya convertido en presidente, ratificó, en múltiples ocasiones, su decisión de terminar con la corrupción, someter a la justicia a los corruptos, inhabilitarlos política y socialmente, despojarlos de los bienes adquiridos ilícitamente y enviarlos a prisión por un buen tiempo. Dijo, una y otra vez, que las “vacas sagradas terminaron en el país”, que los corruptos irían a la cárcel, etc., etc.   Aun retumban en mis oídos sus palabras y promesas. Para lograrlo, sin violentar la Constitución ni las leyes, el mandatario prometió un Ministerio Público Independiente.

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Pero cometió un error: creyó que bastaba con la designación de la magistrada Mirian Germán Brito al frente del Ministerio Público. La prestigiosa magistrada no podía cumplir con tan importante y delicada tarea de someter a la justicia a los corruptos, enviarlos a prisión y despojarlos de los bienes robados. ¡Imposible! Los cambios en la justicia debieron comenzar con el sistema; los cambios debieron ser estructurales; todo el sistema de justicia, el modelo, debió ser modificado de arriba abajo, desde los jueces de paz, siguiendo por las demás instancias, incluyendo la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, todas las cortes, incluyendo las “Altas Cortes”, con Consejo Nacional de la Magistratura, la Escuela de la Judicatura, etc. Había que hacer un verdadera revolución judicial que involucrara el ejercicio del derecho. Era dentro de ese contexto que el presidente Abinader y el PRM tenían que plantear la creación de un Ministerio de Justicia. No se hizo. Ahora el presidente está entrampando en la lucha contra la corrupción. Está empeñado en acabar con la corrupción, sé que lo está, pero la estructura de un Estado concebido para la corrupción y la impunidad, no se lo permite. He dicho muchas veces que el Ministerio Público independiente no existe, que no puede existir en las actuales circunstancias.

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Es por eso que los ladrones, conocidos por todos los dominicanos, se pavonean exhibiendo y enrostrando sus fortunas, sin ser tocados, “ni con el pétalo de una rosa”. Los ex presidentes Fernández y Medina no han sido siquiera llamados a tomarse “una tacita de  café” con la Procuradora. Y ni decir de los miembros del Comité Político, del Comité centro y de otros organismos partidarios.  Dentro del  actual Estado Democrático de Derecho es imposible hacer justicia con los políticos ladrones. El PLD se blindó. Está blindado. Hasta que no termine ese “bunker” no será posible. Los hechos lo confirman.

Lo lamento por el presidente Abinader que no tengo dudas es un hombre honrado y trabajador, que quiere lo mejor para su país. Creyó, probablemente, que seria más fácil gobernar el país. Pero no. cada vez que intenta hacer algo novedoso y revolucionario, la Constitución se lo impide. Le ocurrió lo mismo a Pepe Mujica en Uruguay, según confiesa. Lo mismo le ha sucedido a otros presidentes honrados y democráticos. La Constitución se convierte en un obstáculo para los cambios. Hay que modificarla, revolucionarla para que los cambios sean posibles. Mientras no se haga, no nos hagamos ilusiones con un sistema de justicia que garantice justicia, pero para todos, no sólo para los de abajo, para los “nadies” de los que hablaba Eduardo Galeano, que “valen menos que la  bala que los mata”.

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