Coordinadora por los Derechos del Pueblo anuncia movilizaciones masivas en Santo Domingo
Santo Domingo, RD.- Decenas de organizaciones populares agrupadas en la Coordinadora por los Derechos del Pueblo iniciarán una serie de movilizaciones la próxima semana. Estas protestas buscan rechazar los constantes aumentos de los combustibles, la reciente conformación de la Suprema Corte de Justicia y el proyecto de ley que plantea cambios en la figura de la cesantía laboral.
Protestas por el aumento consecutivo de los combustibles
Uno de los principales detonantes de estas manifestaciones es el incremento sostenido en los precios de los derivados del petróleo, que se ha registrado de manera consecutiva durante las últimas 14 semanas. Las organizaciones sociales aseguran que este alza afecta directamente a los sectores más vulnerables y denuncian la existencia de una mafia gubernamental que perjudica a los más desposeídos.
Rechazo a la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia
Además, los grupos populares expresan su rechazo a la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte, incluyendo al presidente Luis Henry Molina. Señalan que la larga militancia política de Molina en el partido gobernante pone en duda la independencia y transparencia del máximo tribunal.
Convocatoria a protestas regionales y nacionales
Las movilizaciones arrancarán el próximo miércoles 10 de abril en la región del Cibao, para luego extenderse a otras zonas del país. Los movimientos sociales también se sumarán a las manifestaciones contra la propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo, que contempla modificaciones a la cesantía laboral.
Asamblea para definir estrategia de lucha durante abril
La Coordinadora por los Derechos del Pueblo celebró este sábado su segunda Asamblea Ordinaria, en la que definieron la ruta de acciones a ejecutar durante todo el mes de abril. El objetivo es enfrentar el alza de los combustibles y exigir otras reivindicaciones sociales urgentes.
Estas movilizaciones reflejan el creciente descontento popular ante las políticas económicas y judiciales del gobierno, y consolidan a la Coordinadora como un actor clave en la defensa de los derechos laborales y sociales en la República Dominicana.
