El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que la razón por la cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizó este jueves 18 allanamientos en diferentes provincias del país, fue para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario, los vinculados en la Operación Coral.
“Como habíamos dicho, la cantidad de bienes que ha manejado esa red de corrupción es sumamente cuantiosa, y esta es una segunda ola de incautaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Esa es la razón por la que estamos haciendo estos allanamientos«, explicó el titular de la Pepca.
El magistrado explicó que hasta el momento están recolectado evidencias, por lo que los allanamientos están todavía en progreso. “En la medida en que los allanamientos se cierren, entonces vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”, dijo.
Los operativos se llevaron a cabo en La Vega, San Francisco de Macorís, Monte Plata, el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.
Camacho agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros. El fin de los allanamientos es recolectar las evidencias e incautar bienes.
Se recuerdo que por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.
En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.
Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.
La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.
