Consternación en República Dominicana por presiones al Tribunal Superior Electoral
La sociedad dominicana vive una creciente inquietud ante las presiones ejercidas sobre los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), quienes anularon la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado clave del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estas tensiones han escalado hasta incluir amenazas de juicio político contra los magistrados, generando alarma en diversos sectores.
Nuevo escándalo político tras controversia electoral
En lugar de buscar soluciones, el Gobierno ha optado por un nuevo escándalo político, apenas superado el enfrentamiento generado por las violaciones constitucionales y legales cometidas por el Consejo Nacional de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia. Este episodio refleja una preocupante escalada contra la institucionalidad democrática en el país.
Expectativas y presiones alrededor de la sentencia del TSE
El periódico HOY tituló su portada del 8 de abril con las palabras “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones”, refiriéndose a la sentencia que emitiría el TSE sobre la convención anulada del PRD. Se filtró que la decisión había sido conocida por el PRD y sectores gubernamentales, desatando presiones que, según fuentes, “escandalizarían a la sociedad” y que incluso involucraron a la jerarquía de la Iglesia Católica.
Presiones directas a los magistrados del TSE
Antes de la lectura de la sentencia, ministros del Gobierno, entre ellos tres dirigentes del PLD, realizaron llamadas y otros actos de presión al presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo, para revertir la anulación de la 34 Convención del PRD, celebrada en diciembre de 2017. Este proceso fue impugnado por dirigentes disidentes que denuncian el secuestro democrático del partido desde 2013.
En un acto de intimidación, el doctor Jáquez fue interceptado el viernes 5 para que le retiraran su custodia militar, medida que fue revertida tras la publicación de la sentencia. Además, se sustituyó al coronel encargado de la seguridad del TSE, y se reportó que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, citó al presidente del tribunal. Pese a la amplia difusión de estos hechos, ni el Gobierno ni el PLD han desmentido las acusaciones.
Campaña de desprestigio y amenazas
El abogado Julio Cury, defensor de la repostulación del presidente Danilo Medina sin reforma constitucional, sugirió investigar la propiedad del penthouse donde supuestamente reside Jáquez con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad. Este ataque recuerda la campaña contra la jueza Miriam Germán, destituida sin justificación legal, en un caso que vulneró la Constitución y la Ley del Consejo de la Magistratura.
Una intimidación generalizada contra la justicia electoral
La reacción de diputados y dirigentes del PRD fue vehemente contra los magistrados Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, quienes respaldaron la sentencia, a pesar del voto disidente de Arístides Madera y Cristian Perdomo.
La controversia escaló cuando Reinaldo Pared, presidente del Senado y secretario general del PLD, propuso que la Cámara de Diputados investigue la posibilidad de un juicio político contra los jueces que emitieron el fallo, poniendo en aprietos a un partido aliado.
El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, mostró disposición para evaluar la propuesta. Paralelamente, medios oficialistas advirtieron sobre las consecuencias de desafiar al poder, generando alarma en la opinión pública y rechazo de líderes políticos e instituciones sociales como Participación Ciudadana y Finjus, además de dirigentes evangélicos.
Medios como Listín Diario y El Día denunciaron este comportamiento como un “inadmisible abuso de poder” y una “amenaza inaceptable” contra la democracia.
Impacto en la institucionalidad democrática
Participación Ciudadana calificó esta ofensiva como un “mensaje mordaza” que trasciende al TSE, afectando a periodistas, sociedad civil, entidades públicas y autónomas como la Junta Central Electoral (JCE). Esta última tiene pendientes fallos sobre controversias relacionadas con el partido gobernante, incluyendo el arrastre de senadores y el reglamento de la Ley Electoral 15-19.
Además, el Tribunal Constitucional (TC) debe resolver decenas de impugnaciones a la Ley de Partidos, mientras se espera también pronunciamientos sobre la posible repostulación del presidente Medina.
Una sentencia sólida y jurídicamente fundamentada
La sentencia TSE-012-2019 cuenta con un respaldo jurídico sólido, según expertos como Servio Tulio Castaños y Francisco Álvarez Valdez. Con 79 páginas principales y 94 páginas adicionales de votos disidentes, el fallo contiene 123 consideraciones.
Contrario a algunas críticas, el TSE acató la decisión del TC que confirmó la anulación inicial de la convención del PRD en marzo de 2018, por irregularidades en la convocatoria y falta de quórum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
Detalles del fallo sobre la convención anulada
El acta de la reunión del CEN señalaba la asistencia de 975 de 1,176 miembros registrados ante la JCE, pero sin certificación completa. El TSE detectó inconsistencias en las firmas y la documentación presentada, concluyendo que solo 480 miembros asistieron, insuficientes para alcanzar el quórum requerido (más de la mitad).
Por ello, la sesión que convocó la convención fue declarada nula, invalidando sus decisiones, incluyendo la reforma estatutaria y la reelección de dirigentes como el presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones Peggy Cabral, el secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de Organización Rafael Vásquez para el período 2017-2021.
Alarma en la oposición y sociedad civil
Los intentos de juicio político contra el TSE y la campaña de desinformación y espionaje para destituir a la jueza Miriam Germán han encendido las alarmas en la oposición y la sociedad dominicana.
Estas acciones parecen reflejar el discurso del presidente Medina del 27 de febrero, cuando afirmó estar “dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria”. Sin embargo, su silencio ante esta crisis institucional resulta preocupante.
Contexto de campaña y escalada política
En plena campaña para la posible reelección de Danilo Medina, con millonarios gastos en actos provinciales y afirmaciones contundentes sobre la repostulación, la reacción gubernamental frente al fallo del TSE representa una escalada que pone en riesgo la institucionalidad democrática.
La sentencia obliga a convocar una nueva convención en el PRD
El fallo es un duro golpe para la autocracia impuesta en el PRD por el actual canciller y líder partidario Miguel Vargas, desde su alianza con el PLD. Sin embargo, no es un desenlace catastrófico, pues la ley establece que el TSE es el órgano competente para resolver diferencias internas de los partidos políticos.
La reacción que sostiene la continuidad de la dirección actual carece de fundamento legal. Los dirigentes afectados pueden apelar al TC, aunque es improbable que logren revertir la nueva sentencia, basada en estatutos del PRD y principios constitucionales.
Pasos a seguir y desafíos electorales
El proceso judicial podría extenderse hasta el 7 de junio, fecha límite para reservar hasta un 20% de candidaturas para alianzas en las elecciones del próximo año. Sin una autoridad legítima, cumplir estos plazos será inviable.
Por tanto, lo procedente es convocar nuevamente al CEN para elegir dirigentes en una nueva convención, en cumplimiento con el artículo 18, numeral 6, de la Ley Electoral 15-19, que otorga a la JCE la responsabilidad de organizar y supervisar la elección de candidatos y líderes.
No se podrán impedir con violencia los intentos de participación de disidentes como Guido Gómez Mazara, quien aspiraba a la presidencia del PRD en la convención de marzo de 2014, pese a la reelección fraudulenta de Vargas y su grupo, reconocida en ese entonces por el TSE.
Mientras tanto, se prevé que la JCE suspenda la entrega de los 25 millones de pesos mensuales al PRD, recurso que ya fue objetado formalmente por los disidentes.
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