POR: HANNA BUENO – FreeLancer in Cultural Management. Reside en Santo Domingo.
La República Dominicana vive una paradoja dolorosa y esperanzadora al mismo tiempo. Mientras la tasa de homicidios bajó a 7.3 por cada 100,000 habitantes en enero de 2026 —por debajo del 8.42 del año anterior y muy lejos del 12’03 de 2024—, las calles siguen siendo escenario de choques, desconfianza y desenlaces lamentables.
Los datos son claros: según reportes oficiales y organismos como InSight Crime, el país cerró 2025 con una tasa de 8.7, ubicándose entre los más seguros del Caribe. Los robos han caído más de un 34 % en los primeros meses de 2026, y decenas de demarcaciones mantienen tasas de un solo dígito. Catorce provincias han registrado cero homicidios en lo que va de año. Estos avances merecen reconocimiento firme.
Gran parte de estos resultados responden a la estrategia impulsada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien ha combinado operativos focalizados, retiro masivo de armas ilegales y una reforma institucional profunda. Su gestión ha sido clave para los progresos alcanzados.
Sin embargo, la seguridad estadística no basta si no viene acompañada de confianza ciudadana.
Los excesos que erosionan la credibilidad
El reciente caso del coronel Fausto Madé Ramírez, quien agredió a una joven en Los Mina, generó un repudio justificado y generalizado. El presidente Luis Abinader lo calificó como “totalmente inaceptable” y ordenó sanciones conforme a su derecho. Esa respuesta presidencial (pienso) envía el mensaje correcto: quien porta un uniforme y abusa del poder deja de ser protector y se convierte en problema.
Pero la balanza no puede inclinarse solo hacia un lado.
Cuando el civil se convierte en agresor
El fallecimiento del raso Dary Daniel en Cinema Centro y los videos de redes de ciudadanos enzarzados a golpes con agentes muestran la otra cara de la moneda. Aquí hay que ser enfáticos: <>. Es el atajo más corto hacia la celda y hacia la degradación del orden público.
Los artículos 209 al 212 del Código Penal dominicano son claros al respecto. Pasar de la protesta legítima a la agresión física significa perder el estatus de víctima y ganar el de imputado. La rabia es comprensible, pero la violencia contra quien representa al Estado solo multiplica el daño.
Nadie pide silencio ante las arbitrariedades. La ruta civilizada es otra: grabar el incidente, anotar placa y nombre, y formalizar la denuncia ante Asuntos Internos de la Policía o el Defensor del Pueblo. Esa es la herramienta del ciudadano consciente en una democracia.
El rol clave de las Juntas de Vecinos
En medio de esta tensión, las Juntas de Vecinos emergen como el actor más importante de prevención. No son simples asociaciones: son el primer filtro de inteligencia social, mediadoras naturales de conflictos y constructoras de puentes.
Cuando los vecinos conocen a sus policías, cuando existen diálogos regulares y mesas de trabajo conjunto, los roces se resuelven antes de convertirse en tragedia. La cercanía mano a mano en el barrio resulta más efectiva que muchos operativos aislados.
Hacia un nuevo pacto
· Honrar al oficial equivale a respetar la ley
· Honrar al ciudadano equivale a defender la democracia
Es hora de bajar los puños y elevar los argumentos. La República Dominicana necesita sellar, de una vez por todas, un pacto renovado de convivencia entre quien porta el uniforme y quien transita la calle como simple ciudadano.
Este pacto debe incluir mayor capacitación continua, depuración permanente, un fuerte incremento en la instalación de cámaras de vigilancia con tecnología de inteligencia artificial para el manejo transparente de conflictos, y, sobre todo, mecanismos permanentes de diálogo comunitario con seguimiento y rendición de cuentas.
Solo así convertiremos los números positivos en una realidad sentida y respetada por todos.
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