La impunidad y corrupción durante los gobiernos del PLD: El caso de los aviones Súper Tucanos
Juan T H denuncia la persistente corrupción, impunidad y falta de justicia vinculadas a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estos elementos conforman un engranaje perverso que sigue afectando al país.
La liberación del coronel Carlos Piccini y el fin del caso Súper Tucanos
Con la puesta en libertad del coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez, se da por cerrado el polémico caso de la compra de los aviones Súper Tucanos en Brasil, por un monto superior a 93 millones de dólares. Este proceso estuvo marcado por acusaciones de sobornos que superaban los 3.5 millones de dólares, involucrando a varios funcionarios.
La prisión preventiva de Piccini duró tres años, un tiempo excesivo que violó sus derechos fundamentales. Según expertos, debió quedar en libertad tras 18 meses, debido a la falta de pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público. Además, Piccini fue el único detenido en este caso, mientras que otros señalados, incluidos senadores, militares y políticos, nunca enfrentaron prisión.
El coronel Piccini: la pieza más débil del entramado
Como se ha señalado en análisis previos, Piccini fue “el menos culpable de los culpables”, pero el más indefenso. Sin protección política ni influencia, fue quien pagó el precio más alto. Mientras tanto, otros implicados continuaron su vida sin consecuencias legales.
La justificación política y mediática para la compra de los Súper Tucanos
En el Congreso, se presentaron argumentos para justificar la adquisición de los aviones, asegurando que eran esenciales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Políticos, congresistas y funcionarios se unieron para presionar la aprobación urgente del préstamo, respaldados por una campaña mediática a favor del costoso contrato.
El entonces jefe de la Fuerza Aérea defendió la compra afirmando que los Súper Tucanos cumplirían un “sagrado deber” contra el tráfico ilícito. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario: el problema de las drogas aumentó y los aviones apenas han cumplido su función.
El sobreprecio y la falsa promesa de seguridad
Se prometió que con los Súper Tucanos se acabarían los aterrizajes de avionetas cargadas de drogas. Incluso el expresidente Leonel Fernández y altos mandos militares visitaron Brasil para inspeccionar las naves. Sin embargo, el escándalo de los sobornos de 3.5 millones de dólares destapó la corrupción detrás del negocio, mientras los responsables escaparon de la justicia.
La impunidad detrás del escándalo de los sobornos
Varias personas fueron señaladas, incluyendo un senador y jefes militares, pero solo el coronel Piccini terminó encarcelado por tres años. El resto de los acusados nunca enfrentó la cárcel. Este caso refleja la falta de transparencia y la protección política que prevalece en las instituciones.
Resulta imposible creer que Piccini haya recibido y manejado solo los sobornos sin la complicidad de funcionarios superiores, senadores o miembros del Palacio Nacional. Un fraude de esta magnitud no se ejecuta sin la participación de múltiples actores poderosos.
Paralelismos con otros casos de corrupción en el país
Situaciones similares se han presentado en escándalos como los sobornos de Odebrecht y la construcción de Punta Catalina, donde se mencionan sobornos por más de 150 millones de dólares. Senadores, funcionarios y políticos ligados al PLD están implicados, pero la justicia sigue sin actuar con contundencia.
Solo una presión internacional fuerte, como la ejercida por Estados Unidos a través del Departamento de Estado y figuras como Mike Pompeo, podría impulsar investigaciones serias y arrestos, incluyendo extradiciones por lavado de activos.
Esperanza de justicia con un cambio de gobierno
Con los casos de los Súper Tucanos, el PEME, Punta Catalina y Odebrecht, se repite la historia de más de 200 expedientes de corrupción acumulados durante los dos gobiernos del PLD: la impunidad prevalece. Sin embargo, la corrupción no prescribe.
Se espera que con un nuevo gobierno más decente, se reabran todos los expedientes de corrupción acumulados en los últimos 20 o 25 años, para que finalmente se haga justicia y se sancione a los responsables.
