VISIÓN GLOBAL
Por Nelson Encarnación
Las dificultades en grado de rebelión que atraviesan las principales formaciones políticas como consecuencia de sus procesos internos deberían marcar el punto de partida para empezar a abordar seriamente si les conviene continuar con el actual ordenamiento que las rige.
Particularmente existen dos disposiciones que atentan severamente contra las organizaciones que se suponen el sostén del sistema democrático, aun en la forma precaria como se ejerce en estos países pobremente institucionalizados.
La Ley de Partidos, concebida con toda la mala fe imaginable por Danilo Medina y su mayoría en el Congreso Nacional—aprobación avalada ingenuamente por el Partido Revolucionario Moderno como el mal menor—ha operado como palos en las ruedas de las entidades políticas, sembrando la discordia.
El otro estatuto maléfico es el sistema de voto preferencial, una locura que genera el más aberrante comercio electoral y acentúa el clientelismo, ya que obliga a los aspirantes a diputados y regidores a disponer de sacos de dinero para poder alcanzar una simple candidatura.
Y ni decir del proceso duro de una suerte de todos contra todos, confrontación que pone a pelear a militantes contra sus propios compañeros partidarios y frente a los adversarios, de la cual surgen los aspirantes que pueden comprar militantes, quienes están maleados hasta la médula.
La Ley 33-18 contempla un conjunto de mecanismos de elección de candidatos, y de ellos el de primarias es el único verdaderamente democrático, pues, si bien también presiona económicamente a los partidos, por lo menos permite a los aspirantes una visibilización teóricamente igualitaria.
Al establecer primarias—abiertas o cerradas—, convención de delegados, encuestas, acuerdos de aposento, monedas al aire y todas torpezas posibles, los partidos se exponen al decricaje disciplinario por el que atraviesan actualmente.
Estos problemas, suponemos, deberían ser suficiente evidencia de que la Ley 33-18 necesita por lo menos adecuación, cuando no ser sustituida por una legislación realmente institucional, no la porquería vigente.
El más interesado en propiciar esa modificación debería ser el PRM, cuyas primarias recientes mostraron que es posible hacer elecciones internas sin traumas, más allá de la natural resistencia de los perdedores.
Y un dato de mucha más trascendencia en ese sentido fue el nivel de participación en esas primarias, de las cuales surgió como candidato oficial el presidente Luis Abinader, con un posicionamiento privilegiado.
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