Luego de dos semanas de deliberación permanente, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo darán a conocer hoy la sentencia del caso por los US$92millones de los sobornos de Odebrecht, uno de los más importantes expedientes de corrupción de los que se tiene registro en la historia de la República Dominicana.
Los ojos de gran parte de la sociedad están sobre estas magistradas que tienen previsto subir al estrado a las 3:00 de la tarde para leer el fallo que lograron consensuar sobre este proceso que les fue asignado, luego de que el expediente fuera declinado desde la Suprema Corte de Justicia.
“Estamos más que convencidos de que en el caso Odebrecht no habrá impunidad y habrá sentencias condenatorias. Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda”, dijo ayer Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien litigó en el caso desde el inicio del proceso en 2017.
En tanto que la defensa de Ángel Rondón, el principal imputado por los sobornos, manifestó: “El juez debe actuar conforme a la justicia, el derecho y las pruebas. Esto significa que el juez no debe tomar en cuenta la opinión de la mayoría al momento de decidir, ni los medios de comunicación, ni el populismo del momento, sino que debe proceder conforme a los elementos probatorios que las partes le suministraron”. Este planteamiento fue respaldado por el resto de las defensas.
Además del empresario Ángel Rondón Rijo, en el fallo de hoy se decide el destino penal de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Inapa.
Las juezas y la ley
Las magistradas están atadas por ley a decidir lo que le fue pedido por el Ministerio Público y los imputados, es decir que, conforme a las pruebas que les fueron presentadas durante las audiencias, deben escoger la versión de los hechos que se pudo probar en el transcurso de las discusiones del juicio.
Durante el desarrollo de las vistas la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, dejó establecido que el tribunal está consciente de su rol. En varias ocasiones se le escuchó reoetir la siguiente afirmación: “Este tribunal solo está apegado a la Constitución de la República, a las leyes y el debido proceso…. Y sobre la base de esto es que toma sus decisiones”.
¿Miriam tenía razón?
El fallo de este tribunal también determinará si tenía razón la magistrada Miriam Germán cuando, en calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto disidente en el que expresó: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsa- nada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba no debe dejar lugar a duda razonable”.
Lo solicitado por el MP
Los representantes de la Pepca solicitaron que Rondón y Díaz Rúa sean condenados a 10 años de prisión; siete años para Conrado Pittaluga; y cinco años para Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Pidieron el decomiso de todos sus bienes.
La institución asegura haber probado que los procesados incurrieron en los delitos de soborno, prevaricación y lavado de activos para incrementar sus patrimonios con acciones fraudulentas y en confabulación con la constructora brasileña.
También indican que presentaron pruebas suficientes de que incurrieron en falsedad en escritura pública, delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión, hechos que constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Este pleito en los tribunales fue litigado por Wilson Camacho junto a representantes del Ministerio Público Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, junto con los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados
Los acusados en este proceso se han declarado inocentes. Solicitaron que sea rechazada la acusación por supuesto vencimiento de la acción penal de los delitos imputados.
Asimismo, quieren ser absueltos por supuesta insuficiencia probatoria del Ministerio Público.
TAmbién solicitaron que sea rechazado el pedido de confiscación de los bienes y que se ordene el levantamiento de cualquier medida de coerción que exista contra ellos y sus bienes.
A los que se salvaron de llegar a juicio
Al principio del proceso judicial en 2017, en el caso había 14 personas sometidas. Sin embargo, con el pasar del tiempo algunos fueron dejados fuera de la investigación. Pero la Pepca está decidida a continuar una segunda parte de las indagatorias: “Odebrecht 2.0”. En esta pretenden agotar nuevas líneas de investigación, y buscar cuestiones que no se hayan investigado. La directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso advirtió que en esta nueva etapa van “con todo y por todos”, sin excluir “a nada ni a nadie”. Entre los que se salvaron de llegar a juicio están Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo de Óleo, Radhamés Segura, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín y Bernardo Castellanos.
“Este tribunal solo está apegado a la Constitución, las leyes y el debido proceso… Y en base a esto es que toma sus decisiones” Gisselle Méndez
Los seis imputados finales en el mayor caso de corrupción de la República Dominicana
Víctor Díaz Rúa
Exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y extitular del Instituto Nacional de Alcantarillados y Aguas Potables
De qué se le acusa: “Como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Se le acusa de presentar un patrimonio exorbitante e injustificable que no se puede demostrar con los salarios que devengó como director del Inapa y como ministro de Obras Públicas.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? En la acusación se asegura que recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850,000. Además de US$6,629,080 por la Autopista del Coral. También US$4,000,000 en el Antigua Overseas Bank.
Qué condena solicita el Ministerio Público: 10 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? El imputado presentó el 1 de junio de 2021 cuatro testigos para tratar de demostrar que no recibió dinero por cohecho y evidenciar que, supuestamente, el Ministerio Público le atribuyó fondos de cuentas de campañas del PLD para abultar su patrimonio. La defensa presentó los testimonios de cuatro testigos que dieron su parecer sobre distintos puntos de la acusación.
Ángel Rondón
Empresario representante de la empresa Odebrecht
De qué se le acusa: “Como autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos en perjuicio del Estado”. Se le acusa de recibir millonarias sumas provenientes de empresas reconocidas por Odebrecht como vehículos societarios offshore a través de las que la División de Operaciones Estructuradas realizaba pagos indebidos y no contabilizados para sobornar a funcionarios.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? Se afirma que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos por RD$983,682,226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2,690,155.73. Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.
Qué condena solicita el Ministerio Público: 10 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? Testigos establecieron que ni la constructora brasileña ni su representante comercial influyeron en la toma de decisiones para la adjudicación de obras públicas o para la aprobación de proyectos. La defensa de Rondón contabilizó en 200 las evidencias documentales incorporadas al proceso.
Conrado Pittaluga
Abogado de Víctor Díaz Rúa
De qué se le acusa: “Como cómplice en el delito de soborno y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos”. Se le acusa de servir como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? El Ministerio Público dice que es testaferro de Díaz Rúa, firmó contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Afirma que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.
Condena solicita el Ministerio Público: 7 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? Aseguró que no recibió dinero de cohecho, y que los fondos obtenidos fueron por conceptos de servicios profesionales prestados. Los abogados rechazó la acusación del Ministerio Público, alegando que el órgano acusador no presentó elementos de prueba suficientes para probar las imputaciones planteadas en el expediente ni logró destruir la presunción de inocencia que cubre a Pittaluga.
Tommy Galán
Exsenador de la República Dominicana por la provincia San Cristóbal (PLD)
De qué se le acusa: Como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Se le acusa de aumentar significativamente su patrimonio desde el año 2010, cuando era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, desde donde habría influenciado para la aprobación de financiamientos a proyectos a cambio de prebendas. Al conocer la acusación, el senador reiteró su “total y absoluta inocencia”.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? La Procuraduría afirma que falseó su declaración jurada de patrimonio para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Asegura que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en 63 %, ocultó RD$63,000,000 en inmuebles y lavó dinero en una constructora que creó en 2008. Odebrecht dice que apoyó su campaña política.
Condena que solicita el Ministerio Público: 5 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? El 11 de junio de 2021 presentó tres testigos y 128 pruebas documentales. La barra de defensa del excongresista alegó que el Ministerio Público no mostró pruebas suficientes para demostrar su acusación y defendieron que Tommy Galán tampoco recibió sobornos ni incurrió en enriquecimiento ilícito.
Andrés Bautista
Expresidente del Senado y senador por la provincia Espaillat en el gobierno del PRD.
De qué se le acusa: “Como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Se le acusa de intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado, falsear su declaración jurada de patrimonio y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? Se afirma que de 1994 al 2004 su patrimonio inmobiliario se incrementó en 668 % y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.
Condena que solicita el Ministerio Público: 5 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? “La acusación carece de sustento probatorio, no hay una sola prueba con categoría para encontrar responsabilidad penal de Andrés Bautista, y por lo tanto, no hay prueba para derrumbar la presunción de inocencia”, resaltó su defensor. Bautista, además, incorporó 261 pruebas documentales.
Roberto Rodríguez
Exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)
De qué se le acusa: “Como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Se le acusa de recibir pagos en cheques directamente de una empresa de Rondón y falsear su declaración jurada de patrimonio, ocultando numerosos inmuebles, productos financieros y empresas.
¿Cómo lo acusó el Ministerio Público? El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009 a través de una cuñada. Describe además productos financieros.
Condena que solicita el Ministerio Público: 5 años de prisión, decomiso de sus bienes en favor del Estado y pago de una multa de 200 salarios mínimos y de las costas del proceso.
¿Cuál fue su defensa? El defensor justificó que, debido a esa insuficiencia probatoria para establecer responsabilidad penal del imputado, debe dictarse su absolución. El abogado también planteó que los hechos de la acusación del Ministerio Público están prescritos, por lo que pidió a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar la extinción del proceso.
