Los sectores sociales del país han insistido en la necesidad de una exhaustiva revisión de los recursos financieros otorgados a todos los partidos políticos, argumentando que estos millonarios fondos deben ser supervisados para prevenir la infiltración de delitos como la corrupción o el narcotráfico en la clase política.
Ante la propuesta de crear una nueva legislación para fiscalizar los fondos de los partidos políticos y movimientos, varios congresistas han considerado que tal medida sería innecesaria, ya que argumentan que existen normativas vigentes que abordan este tema.
Los legisladores señalan específicamente ocho artículos de la Ley 20-23, que trata sobre el Régimen Electoral, y 15 artículos de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. Según ellos, estas disposiciones legislativas detallan el uso adecuado de los fondos partidarios y establecen mecanismos para su fiscalización.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, opina que una nueva ley para supervisar los recursos de los partidos sería redundante, ya que considera que las leyes actuales ya contemplan mecanismos de revisión de fondos. Cita casos como el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganador de las últimas elecciones, que no ha presentado informes sobre el uso de los recursos estatales recibidos, lo que evidenciaría una falencia en la fiscalización que establecen las leyes.
El diputado Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio, comparte esta opinión y añade que la falta de institucionalidad en el país lleva a los partidos políticos a solicitar al Gobierno la entrega de fondos, incluso cuando existen candidatos oficialistas compitiendo en las elecciones. Considera que nuevas normativas solo restarían responsabilidades al Congreso, que tiene la capacidad de fiscalizar el dinero y exigir el cumplimiento de las leyes.
Por su parte, el diputado Carlos de Jesús, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostiene que el desembolso de fondos a los partidos se realizó en cumplimiento de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que establece los procedimientos de revisión del dinero y asegura una participación democrática sólida y el fortalecimiento de los partidos políticos.
¿Qué dice la ley?
En cuanto a la legislación vigente, la Ley de Régimen Electoral contempla el uso y manejo de los fondos partidarios en los artículos del 217 al 224, detallando los informes de gastos y la fiscalización a cargo de la Junta Central Electoral (JCE). Además, la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece topes de gastos y la obligación de informar detalladamente sobre el uso de los recursos recibidos por los partidos desde el Gobierno.
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