Toda mujer en estado de embarazo tiene derecho a un trato digno y respetuoso en cuanto se trata de la salud de la criatura que alberga en su vientre.
Ahora, no toda mujer embarazada que busca asistencia en un hospital público es una parturienta cuya situación implica una emergencia médica. Parturienta es una mujer que está pariendo o acaba de parir, según lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
La mujer embarazada es otro cantar. Los síntomas clásicos del embarazo consisten en la falta de menstruación si estando en edad fértil ha pasado una semana o más sin que se inicie un ciclo menstrual esperado.
Hay otros síntomas que, a pesar de tenerlos la mujer, no necesariamente indican que está embarazada. Ninguno de estos síntomas conduce a una emergencia. Conducen a un reconocimiento médico.
Ni aquí, en nuestro país, ni en ninguna parte del mundo se le niega la atención médica a una parturienta, es decir a una mujer que está en labores de parto o que acaba de parir. En esos casos se le atiende sin importar la situación migratoria que tenga la parturienta.
Ahora bien, el caso de nuestro país es muy particular. La mayoría de las mujeres haitianas embarazadas que van a los hospitales públicos buscando atención medica son traídas al país por negociantes que operan en la línea fronteriza y cobran entre diez mil a 12 mil pesos por traerlas a Santo Domingo o Santiago para que tengan el parto aquí.
Es a ese tipo de embarazadas carentes de documentación legal para permanecer en nuestro territorio a las que se refiere la disposición del gobierno que dispone que no se les ofrezca el servicio médico y sean devueltas a su país de origen por su condición migratoria de ilegales.
El gobierno dominicano se vio obligado a tomar esta decisión, legal y totalmente dentro de sus atribuciones, en vista de que las camas hospitalarias destinadas a las parturientas dominicanas que pagan impuestos y tienen derecho legítimo a un espacio donde tener su criatura recién nacida, estaban siendo copadas por las mujeres haitianas que vienen a través de una especie de mafia que se ocupa de traerlas y ubicarlas en el hospital.
Hay que diferenciar bien entre una cosa y la otra.
En este tema entro a bailar Naciones Unidas con una recomendación al gobierno dominicano para que cese la deportación de mujeres haitianas embarazados, alegando la violación de derechos consignados en los documentos y acuerdos internacionales.
Lo interesantes es que Naciones Unidas no hizo lo mismo cuando la guardia fronteriza de Estados Unidos, tan reciente como septiembre pasado, la emprendió con sus caballos contra decenas de haitianos indocumentados que buscaban cruzar el Rio Bravo para asilarse en Texas.
Lo mismo ocurre con el flamante presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que recomienda al gobierno dominicano reconsiderar esas deportaciones a las que considera inhumanas. Y asegura el expresidente que toda inmigración ilegal debe controlarse en la frontera. Olvida el tres veces presidente que fue en sus gobiernos cuando más haitianos ingresaron por una frontera que en su administración careció de controles efectivos permitiendo todo tipo de negocios, desde trata de personas hasta tráfico de armas y sustancias prohibidas, por no decir más.
La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 no solo para velar por el respeto a los derechos humanos, sino también para lograr el desarrollo sostenible de las naciones que la conforman y la cooperación internacional en asuntos económico, sociales, culturales y humanitarios.
¿Desde cuándo tiene conocimiento la ONU la precaria y caótica situación que vive Haití? Lo sabe hace tiempo y no ha hecho nada para detener el derrumbe social, económico y político de ese país.
La Organización de Naciones Unidas es un monstruo burocrático ineficiente y con profundes baches de corrupción administrativa que se esconden y disimulan pero que los países que son grandes aportantes de recursos económicos conocen muy bien.
El presupuesto que manejo para este año el secretario general de la ONU ascendió a tres mil 231 millones de dólares, es decir, más de 180mil millones de pesos dominicanos al cambio actual.
Si a la secretaria general de la ONU en verdad le interesara la suerte de las embarazadas haitianas, podría disponer de diez mil millones de pesos anuales y entregarlos al gobierno dominicano para que cubra los gastos de las embarazadas haitianas.
Pero eso no lo hacen ni lo harán los burócratas internacionales expertos en hacer documentos de gabinete y con muy poco conocimiento de la realidad de los países a los que pretenden trazarle pautas.
El presidente Luis Abinader está haciendo lo correcto impulsando una política de transparencia en beneficio de la dominicanidad y haciendo valer la realidad de que como país pobre de desarrollo relativo no está en condiciones de acoger de manera irregular a miles de haitianos que buscan fuera de su país un espacio de vida. Tampoco se ha hecho el presidente Abinader indiferente a la situación haitiana y por ello aprovecho la gran sala de Naciones Unidas en la 76 Asamblea General para hacer un llamado-solicitud a los países que conforman la ONU para que vengan en ayuda de Haití. Ese llamado cayo en oídos sordos y la indiferencia irresponsable de la llamada comunidad internacional lo remitió a que los haitianos dialoguen entre ellos y resuelvan su problema.
Entonces, en verdad, ¿para qué sirve la ONU en estos casos?
Por Luis González Fabra
