Por JUAN T H
Creo que ha llegado el momento de actuar judicialmente contra quienes han hecho de la difamación, la injuria, el chantaje y la extorsión una profesión o un deporte, sin consecuencia alguna, a pesar de que la ley castiga, con multas excesivas e incluso cárcel, a quienes incurren irresponsablemente en esa práctica tan dañina.
Aunque estudié la carrera de Derecho hace más de 20 años, no me considero abogado, porque nunca he subido a un estrado, ni subiré, y porque considero que el abogado es aquel que ejerce la profesión, el que aboga en un sentido u otro. Es la razón por la cual hice una consulta legal con un verdadero abogado, amigo y hermano, que me envió los datos legales requeridos. Lo cito sin decir su nombre porque no estoy autorizado:
“En la República Dominicana, la protección de la imagen del presidente de la República se enmarca en las leyes que salvaguardan el derecho a la propia imagen y al honor de todas las personas. No existe una normativa específica dedicada exclusivamente a la figura presidencial. Las siguientes disposiciones son aplicables ante cualquier ofensa, difamación o injuria, no solo contra el jefe de Estado, sino contra cualquier ciudadano que se sienta agraviado.
1.- Constitución de la República: La Constitución garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de todos los ciudadanos, incluyendo al presidente.
2.- Código Penal Dominicano: El artículo 338, modificado por la Ley 24-97, sanciona con prisión de uno a dos años y multas de cincuenta mil a cien mil pesos a quienes publiquen, por cualquier medio, un montaje realizado con las palabras o la imagen de una persona sin su consentimiento.
3.- Ley No. 137-11: Esta ley regula la organización del Tribunal Constitucional y el ejercicio de la justicia constitucional para garantizar la supremacía y defensa de las normas y principios constitucionales, así como los derechos y libertades consagrados en la Constitución, incluyendo el derecho a la propia imagen.
Estas normativas buscan proteger la imagen y el honor de todas las personas, incluyendo al presidente, frente a esos individuos difamatorios.”
Termina la cita.
Aunque la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento garantiza el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, tiene sus límites. Castiga la difamación y la injuria contra jefes de Estado, diplomáticos de países extranjeros, etc.
Los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales y las plataformas digitales, no están al margen de la ley. Por el contrario, están regidos por las disposiciones legales establecidas en la Constitución y las leyes.
No tenemos una democracia; tenemos un libertinaje donde nadie respeta a nadie, sin importar si es el presidente de la República, un artista, un funcionario, un empresario, un fiscal, un juez, un abogado, un periodista, etc.
En este país no hay un régimen de consecuencias. Todos actuamos como chivos sin ley, denigrando, ultrajando, difamando, chantajeando y extorsionando a los demás, porque ninguna autoridad hace respetar la ley, como lo ordena la Constitución y como juró el presidente de la República al asumir el mandato.
Hay que actuar con justicia cada vez que un ciudadano, sin importar su estatura política, económica o social, se sienta ultrajado, injuriado o difamado, violando su derecho al honor y a la intimidad. Y los jueces están en la obligación de condenar a los responsables de estos actos reñidos con la legislación de manera severa. ¡Nada de sentencias suspendidas! ¡Hay que dar ejemplos en la aplicación de la ley contra los sicarios, esos “francotiradores del éxito ajeno”!
Huchi Lora, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, Edith Febles, Mariasela Álvarez y Marino Zapete tienen una magnífica oportunidad para dar un ejemplo, defendiendo su honor en los tribunales ante la difamación y la injuria de que fueron objeto. No basta con una simple excusa. Pongamos a prueba la justicia. ¡Sometan a la justicia a quienes, por razones políticas, se prestaron a la vagabundería de intentar dañar la reputación de los periodistas que organizaron y participaron activamente en la Marcha Verde, que terminó contribuyendo enormemente con la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana!
¡Hay que dar un ejemplo!, insisto.
