Por Miguel Ángel Cid Cid
Por arriba estaban las instancias del gobierno central exigiendo que los
ayuntamientos crearan las oficinas de información pública municipal. Por abajo
había ciudadanos y líderes comunitarios pidiendo información actualizada de todo
tipo. En el medio de la tortilla estaban los ayuntamientos, sin posibilidad de
responder a las exigencias de unos y de otros.
El hambre por tener información veraz sobre los proyectos y las acciones de los
ayuntamientos la aumentó la Ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública. El
periodista Huchi Lora aprovechó ese marco legal y solicitó a la OPRET copia de
los planos del Metro de Santo Domingo.
La petición de Luis Eduardo Lora desató un debate sobre los alcances de la
mencionada Ley. Los dimes y diretes coparon los medios de comunicación del
país.
Por un lado estaba Diandino Peña, el ingeniero contratista de la obra y, al mismo
tiempo, Director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte. Él alegaba
que la información solicitada por Lora era de carácter estratégico. Que diseminarla
ponía en peligro la seguridad del Estado. No era posible poner esa información en
manos de cualquiera, etc., etc.
El periodista Lora estaba en el otro lado. Cibaeño de pura cepa, quien ante la
negativa de la OPRET, insistió con más ardor en la petición. Interpuso un recurso
de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y remitió una instancia ante el
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en contra de la OPRET.
El tribunal emanó una sentencia dando ganancia de causa a Huchi Lora. Con
todo, el ingeniero Diandino, creyéndose todopoderoso siguió negado, cerrado a
cal y canto. Pero era más cómodo que Peña tuviera un clavo en un zapato y no la
insistencia de un cibaeño. Al final tuvo que entregar la información solicitada.
La narrativa del Poder del Estado siempre clasificó la información pública como
secreto de Estado. En teoría la Ley 200-04 le echó tierra a esa visión excluyente.
La petición exitosa de Huchi Lora, en consecuencia, le dio carácter práctico. Fijó
en los ciudadanos la idea de que podían tener acceso a la información pública.
En el ámbito local tenemos el mal ejemplo de la negación de información pública a
la Dra. Amantina Gómez.
La doctora Amantina Gómez Garrido, médico y dirigente política, era la alcaldesa
del municipio Villa Bisonó, Navarrete, Santiago. Pertenece a la religión de los
mormones y al PLD. Poco tiempo antes de promulgarse la Ley 200-04 Gómez fue
electa alcaldesa de Navarrete. Permaneció ocho años en el cargo. En los dos
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periodos de gobierno local la doctora Gómez se destacó, precisamente, en la
violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Las violaciones de la alcaldesa se cometían de manera maliciosa. En una ocasión,
ante la petición de información por parte de la Unión de Juntas de Vecinos de
Navarrete sucedió lo esperado. La negación de Gómez Garrido fue rotunda.
Calificó a los líderes locales como un grupo de necios.
Los dirigentes respondieron al insulto mediante la vía legal. Sometieron un recurso
de amparo ante el Juzgado de Paz del municipio Villa Bisonó, en contra del
Ayuntamiento local. Si la sentencia favorable a los comunitarios no se hizo
esperar, menos esperó la alcaldesa para desacatar el dictamen del tribunal. Fue
necesario una reiteración de la sentencia por parte del juzgado, esta vez
acompañada de una intimación de alguacil.
La intimación puso a la doctora Gómez de vuelta y media, como a una guinea
tuerta. La cortaban y no botaba una gota de sangre. Apeló al teléfono celular,
llamó a varios funcionarios y les ordenó entregar dos cajas llenas de documentos
a los comunitarios. Quería atosigarlos de información a ver si dejaban de poder,
escrito con J.
Otros alcaldes fueron más inteligentes. Aprovecharon la Ley 200-04 para
promoverse como funcionarios cercanos a los líderes comunitarios. Ellos
propiciaban que les solicitaran información. Las cedían sin dilación e, inclusive, les
ayudaban a los líderes a descifrar los recursos técnicos de los informes. Con esas
prácticas habilidosas adelantaban sus aspiraciones continuistas.
Pero en la actualidad no pasa ni una cosa, ni la otra. Es probable que algunos
funcionarios y líderes comunitarios ni tan siquiera sepan que hay una ley que les
da derecho a obtener información de las acciones del gobierno en su conjunto.
En este tiempo en que se cacarea tanto sobre la lucha anti corrupción debería ser
promovid
