Bartolo García
SANTO DOMINGO.– El abogado Julio Cury solicitó al Congreso Nacional abrir una investigación sobre los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) por la aprobación de un reglamento que restringe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, al considerar que la disposición podría exceder las atribuciones constitucionales del organismo.
La controversia se concentra en la Resolución 14-2026, aprobada el 22 de mayo de 2026, que establece el procedimiento para el registro de firmas y empresas encuestadoras, así como las condiciones para divulgar sondeos en materia electoral. La normativa fue aprobada de manera unánime por los cinco integrantes del pleno de la JCE.
El principal cuestionamiento de Cury está dirigido al artículo 13, que prohíbe publicar o difundir encuestas con fines electorales antes del inicio de la precampaña, establecido para el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. La disposición también contempla la suspensión temporal del registro de las encuestadoras que incumplan la medida y su cancelación definitiva en caso de reincidencia.
Según el jurista, esta restricción podría entrar en contradicción con el artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, debido a que esa legislación establece la prohibición de publicar encuestas durante los ocho días anteriores a las elecciones, permitiendo la divulgación de sondeos realizados previamente antes de ese período.
Cury argumentó que un reglamento administrativo no puede convertir en infracción una conducta que la legislación permite, invocando el principio de legalidad aplicable a las sanciones administrativas. En ese sentido, recordó criterios del Tribunal Constitucional según los cuales la potestad reglamentaria de los organismos públicos no puede utilizarse para sustituir las atribuciones correspondientes al legislador.
Ante esta situación, Cury propuso que el Congreso constituya una comisión especial para investigar el proceso mediante el cual fue aprobada la disposición, incluyendo quiénes respaldaron la normativa, cuáles objeciones constitucionales fueron analizadas y las razones para mantener la prohibición. Aclaró que su planteamiento no supone una solicitud automática de destitución, sino determinar si la actuación podría alcanzar la categoría de falta grave susceptible de un eventual juicio político.
Paralelamente, la organización Justicia Sin Fronteras llevó ante el Tribunal Constitucional el artículo 13 del reglamento y solicitó su suspensión urgente, al entender que la prohibición de divulgar sondeos electorales antes de julio de 2027 excede las disposiciones establecidas por la ley. La entidad sostiene que la medida podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el pluralismo democrático.
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