Juez del Tribunal Constitucional critica debilidad institucional en República Dominicana

Debilidad institucional y responsabilidad política

El juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Jottin Cury hijo, ha expresado su preocupación por la debilidad institucional que afecta al país y la falta de responsabilidad de la clase política en el cumplimiento de las leyes. Según Cury, esta situación ha llevado a que los recursos de empresas como la Barrick Gold no lleguen al país como deberían, lo cual es un problema de política pública y de irresponsabilidad por parte de las autoridades.

Incumplimiento de la Ley de Medio Ambiente

La Ley de Medio Ambiente establece que las comunidades deben recibir el 5% de las ganancias de las empresas mineras. Sin embargo, el Gobierno dominicano ha hecho un contrato especial con la Barrick Gold, mediante el cual la empresa entrega directamente al gobierno ese 5%, sin que se conozca el manejo de esos recursos. Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de los recursos naturales del país.

Aplicación de las leyes como solución

Según el juez Jottin Cury, la solución a los problemas del país no radica en la creación de más leyes, sino en la aplicación efectiva de las existentes. Es necesario fortalecer las instituciones y garantizar que las autoridades cumplan con su deber de hacer cumplir las leyes y normas establecidas en la Constitución.

Equilibrio entre medio ambiente y explotación de recursos naturales

Cury está de acuerdo en la importancia de preservar el medio ambiente de manera racional, pero critica la declaración de extensas zonas del territorio como Parques Nacionales sin estudios previos. Para el juez, es fundamental encontrar un equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la explotación de los recursos naturales del país. Es necesario aprovechar las riquezas naturales de manera sostenible para garantizar el desarrollo económico y social.

el juez Jottin Cury hijo aboga por una mayor fortaleza institucional, una mayor responsabilidad por parte de la clase política y un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales para garantizar un desarrollo sostenible en la República Dominicana.