El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ha decidido, tras evaluar las pruebas presentadas, enviar a juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Operación Medusa. Junto a Rodríguez, también enfrentan juicio Jhonatan Joel Rodriguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
En contraste, el magistrado dictó auto de no ha lugar en favor de Sara María Fernández, esposa de José Miguel de Moya, otro de los acusados, argumentando que no tenía responsabilidad penal. Fernández había enfrentado las acusaciones sin llegar a acuerdos con el Ministerio Público, que la señalaba de complicidad en la introducción de facturas falsas.
El Ministerio Público ha involucrado a 63 personas físicas y jurídicas en el caso, de las cuales una veintena ya ha llegado a acuerdos. Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. Se estima que el grupo desfalcó al Estado con más de RD$6,000 millones.
El juez Martínez dedicó más de 12 horas a analizar el expediente de 12,274 páginas y las pruebas presentadas por los imputados y sus defensas. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, había solicitado el envío a juicio de fondo para Rodríguez y los demás acusados.
Jean Alain Rodríguez, en la etapa preliminar, había presentado más de 1,000 pruebas a su favor y anunció que, en caso de ir a juicio, llamaría como testigos a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, para defenderse de las acusaciones relacionadas con el Plan Nacional de Humanización de las cárceles del país.
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